En Chiapas y México no existen cifras oficiales que permitan saber con certeza cuántas personas han sido asesinadas por su orientación sexual, lo que impide contar con un diagnóstico y tomar medidas preventivas, comenta el activista Darwin Pereyra Vázquez, de la Red Mesoamericana de Apoyo al Migrante LGBT.
Indica que en la entidad, cuatro jóvenes homosexuales y una joven trans, originarios de Mazatán, Arriaga y Villaflores, permanecen desaparecidos desde hace varios meses, sin que las autoridades investiguen a fondo el motivo.
Esto ha sumido a la disidencia sexual en una incertidumbre por el temor a ser víctimas de un crimen de odio u agresión.
Desafortunadamente las autoridades han optado por el desgaste de las familias, para que no continúen en su búsqueda, diciendo que seguramente se fueron por su propio pie.
Activistas y algunos periodistas han dado seguimiento a la situación de cada caso, aunque en ninguno hay avances.
Pereyra Vázquez confía en que no tiene nada que ver el crimen organizado en las desapariciones, sino que simplemente no han dado con el paradero de los cuerpos.
Comenta que al no existir un registro oficial sobre los crímenes de odio, son los activistas quienes documentan los casos a través de los medios de comunicación que difunden este tipo de noticias, sin embargo, por cada caso publicado, tres permanecen en el anonimato.
Con base en esto se sabe que Chiapas es el segundo estado del Sureste con más crímenes de odio, superado por Quintana Roo por pocos casos. Además, en otras entidades se han registrado casos de desapariciones de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans.
Afortunadamente, en lo que va del año no se han reportado asesinatos de personas LGBT, únicamente agresiones, principalmente en contra de la población migrante en la zona fronteriza, por parte de la misma sociedad y autoridades.
La mayoría de las víctimas son mujeres trans, que se ven obligadas a huir de su país por temor a ser asesinadas, y ante la discriminación que viven en México optan por quedarse en Chiapas y estados del Sureste, teniendo como única opción el trabajo sexual para sobrevivir.
De acuerdo con el informe denominado ”Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTTI en México”, realizado por la organización Letra S, del 2013 al 2017, al menos seis personas son asesinadas cada mes presuntamente por motivos relacionados con su preferencia o identidad sexual.
Indica que de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, fueron asesinadas por motivos presuntamente relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas.
Las mujeres trans son el grupo más afectado, según el informe. Con ello coincide el que 74.7 por ciento de ellas enfrentan más discriminación para el acceso a los servicios de salud, educación y empleo que los hombres gay, según información de la Coordinación Estatal del Programa VIH en Chiapas.
En ese sentido, México destaca como el segundo país con mayor índice de crímenes por transfobia en América Latina, lo que conlleva a que la esperanza de vida sea de 35 años de edad.
Darwin Pereyra Vázquez explica que un crimen de odio se denomina por la nota periodística. Si documenta que la víctima hombre tenía ropa de mujer, que era de “costumbres extrañas”, que acostumbraba beber a altas horas de la noche, que testigos, vecinos o familiares aceptaron que era travesti u homosexual; incluso si era estilista; sumado a ello se basan en la saña con la que fue cometido el asesinato.
Indica que en 2017 se dio a conocer el “Diagnóstico de la atención a personas LGBT en Chiapas”, en San Cristóbal de las Casas, en el que más de la mitad de las personas encuestadas dijeron haber sido víctimas de distintas formas de amenazas.
Además, de forma preocupante, el 68 por ciento dijo saber de asesinatos a personas LGBT en los últimos tres años, y casi 10 por ciento manifestó saber de alguna persona conocida desaparecida desde hace más de un mes.
Por si fuera poco, más del 22 por ciento fue víctima de agresiones físicas relacionadas con su condición de género, los victimarios fueron amigos, policías e incluso su mismo núcleo familiar.
Uno de los casos documentados y que más llamó la atención hace un año en Chiapas, fue el de cinco mujeres trans de origen salvadoreño que arribaron a México después de huir de su país por temor a ser asesinadas.
Con el apoyo de activistas solicitaron a los organismos correspondientes la Visa Humanitaria, que consiguieron después de un largo proceso de espera y papeleo.
Según los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, se podrá autorizar cuando exista riesgo a la salud o vida de la persona extranjera y requiera permanecer en territorio nacional, o bien, su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido.
En los últimos años se han registrado varios casos. Varias han sido víctimas de las propias autoridades migratorias. Por el momento, como activista, Darwin Pereyra continuará al pendiente de los casos de las personas desaparecidas.
