Los gobiernos donde se establecieron las zonas económicas especiales (ZEE), aunque no lo dicen abiertamente, no están de acuerdo con la decisión del Ejecutivo federal, porque las esperanzas de desarrollo económico para sus estados se tenían en este proyecto.
Así lo aseguró el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoc Castellanos Pérez.
Enfático dijo que no fue hecho a capricho de un gobierno anterior, se planeó desde 10 años atrás con numerosos estudios, y lo más complicado fue generar la confianza para atraer inversionistas nacionales y extranjeros.
No le vemos la lógica, más allá de la lógica política el que se quieran cancelar las ZEE, manifestó el líder empresarial.
Afirmó que la desaparición de las Zonas Económicas será un duro golpe sobre todo para los estados más pobres y la gente más necesitada del país.
Sin embargo, dijo que está por verse, porque necesita hacerse una modificación constitucional para derogar la Ley de ZEE, ya que lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aplicar algo así como un veto de escritorio, al decir que no continuarían.
“Creo que las cosas no se deben hacer así, el proyecto (de las ZEE) es muy complementario con otros proyectos de infraestructura como el Corredor interoceánico, el Tren Maya y la Refinería dos bocas”, declaró el empresario, de visita por Chiapas.
Datos duros
De acuerdo a diversos estudios con las ZEE en operación, en el corto plazo se estarían percibiendo inversiones por dos mil 700 millones de dólares. En el mediano plazo, en un lapso de ocho años, hasta ocho mil millones de dólares con la generación de 30 mil empleos.
Asimismo, en el largo plazo se percibirían hasta 42 mil millones de dólares de inversiones con la creación de 300 mil empleos; pero al desaparecer estos números representarán una pérdida considerable.
Enfatizó que es falso que haya despilfarro como lo dijeron, ya que cinco de siete ZEE obtuvieron terrenos donados por parte de los estados. “No es una justificación el que digan que hubo despilfarro o corrupción en la compra de terreno”.
Agregó que empresas afiliadas a Canacintra ya estaban haciendo algunas inversiones en Tapachula para poder empezar operaciones, y con el reciente anunció replantearán si quedarse en el país o no.
Refirió que por ejemplo, para abrir una empresa automotriz se requiere invertir entre mil y mil 500 millones de dólares, y se están desperdiciando para ocho años ocho mil millones, lo equivalente a cinco plantas automotrices en los estados más pobres del país.
