El 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una jornada establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, para concientizar sobre esta práctica, que deja a las personas fuera del amparo de la ley.
El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 confirma la percepción generalizada de que, esta crisis es tanto sistemática como expansiva: desde 2022 a mayo de 2025, los casos reportados crecieron un 12 %, y Chiapas está entre los estados con aumentos superiores al 20 %, junto a Baja California, Guanajuato, Tabasco, Hidalgo y Quintana Roo.
El corazón de la sombra
En la entidad chiapaneca algunas organizaciones civiles revelan cifras que invitan al reflejo: ente 2018 y 2023 la Fiscalía General del Estado abrió 201 carpetas de investigación; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 810 desapariciones en el mismo periodo.
Frontera y zonas indígenas
Por su parte, la organización civil “Voces Mesoamericanas” ha señalado que los municipios fronterizos y comunidades indígenas figuran entre las zonas con mayor vulnerabilidad, donde muchas desapariciones no se denuncian por temor o desconfianza”.
Por otro lado, en el ámbito infantil y adolescente, se han reportado 234 menores desaparecidos en los primeros meses de 2024.
Estos datos son más que estadísticas: son historias interrumpidas, rituales de búsqueda y una memoria que no se apaga.
La desaparición forzada no solo afecta a las víctimas directas: trasforma a las familias en buscadoras incansables. En plazas públicas y marchas sostienen fotografías y exigen justicia.
En las vigilias se mezclan la rabia y el amor, pero también la ausencia y la dignidad.
