"México, DF. * Agencias. A pesar del atentado terrorista de Michoacán y la ola de ejecuciones en el país, como en Tijuana, Michael Mukasey, procurador General de Justicia de Estados Unidos, considera que en México no existe una crisis de seguridad.
Dijo que a pesar de los incidentes particulares, ""no creo que haya una mayor crisis que en el pasado"", siempre ante estos hechos hay una sensación de que hay una crisis, pero no significa que la haya.
Incluso, mencionó que el ataque con granadas el pasado 15 de septiembre a la población civil en Morelia, ""es un signo de desesperación de los narcotraficantes, siempre hay latas y bajas en el ciclo de la violencia"".
Reconoció el compromiso del gobierno del presidente Felipe Calderón y de su homólogo mexicano, Eduardo Medina Mora, para combatir al crimen organizado y al narcotráfico en el país.
""No hay razón para ser pesimista"".
En su diagnóstico sobre la situación que vive México, senaló que los cárteles del Golfo y Sinaloa son los más importantes que operan en el país, con más poder, pero ""lo están perdiendo y a largo plazo van a caer"".
A su vez, el subsecretario de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, reconoció que en México ""no son necesarias las estadísticas para saber que los ciudadanos no confían en que el Estado de derecho pueda garantizarles su bienestar"".
Recordó que la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2005 reveló que 59 por ciento de la población percibe que las leyes se utilizan para defender los intereses de gente poderosa ""o como una excusa para cometer arbitrariedades"".
""Ese es el tamano del reto que enfrentamos todos los mexicanos, y en especial quienes trabajamos para esta administración federal"", dijo en la inauguración del Primer Congreso Internacional Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado Democrático de Derecho.
Sostuvo que en el gobierno federal y la Segob están convencidos de que todos los mexicanos deben centrar sus objetivos y alinear esfuerzos, para que en México sea una realidad la plena vigencia del Estado de derecho y prevalezca la cultura de la legalidad.
Por ello, el titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos senaló que el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa se ha comprometido a promover el imperio del Estado de derecho con justicia y equidad para todos.
Abundó que la Segob trabaja con esta nueva visión del servicio público, para sentar las bases de una política interna incluyente, tolerante, democrática y abierta a la ciudadanía.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno refuerza su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, el combate a la impunidad y la corrupción, la apertura de más espacios para la participación ciudadana y el escrutinio social, anadió.
Cabeza de Vaca hizo ver que la cultura de la legalidad es una realidad en un país ""cuando su gente está convencida de que se vive mejor respetando las leyes que no haciéndolo"".
Comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo se han establecido como ejes fundamentales el fomento a la cultura de la legalidad, garantizar la certeza jurídica y fortalecer el sistema de justicia en general.
El funcionario indicó que la primera estrategia para ello es reducir el grado de discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas.
La segunda consiste en hacer más eficiente y profesional la defensoría de oficio, así como extender su cobertura, mientras que la tercera es combatir la corrupción en todo el proceso de impartición de justicia, para ofrecer condiciones equitativas en la solución de disputas.
En este sentido, la Secretaría de Gobernación informó que casi el 60% de la población percibe que las leyes en nuestro país se utilizan para defender los intereses de gente poderosa o como una simple excusa para cometer arbitrariedades.
Aseguró lo anterior de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2005, que reveló que el 59% de la población percibe que las leyes se utilizan para defender los intereses de gente poderosa y cometer arbitrariedades.
Cabeza de Vaca comentó que por ello, los ciudadanos no confían en que el Estado de Derecho pueda garantizarles su bienestar.
Mientras tanto fue presentada la Primera Encuesta de Seguridad Nacional, en la que la gente identificó el tráfico de drogas como la principal amenaza al país, por encima del tráfico de armas, los desastres naturales y la pobreza
El Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia (CASEDE), presentó la primera Encuesta de Seguridad Nacional en México, en la que la población entrevistada identificó el tráfico de drogas (45% ) y el trafico de armas como (19%) como las principales amenazas a la integridad del país provenientes de exterior.
Este resultado es interpretado por los especialistas de Casede y de la empresa Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión (Simo).
"
