El proceso de descentralización administrativa de la educación en el Distrito Federal debe llevarse a cabo con tersura, eficacia y con el pleno acuerdo entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México.
Ha quedado resuelto el conflicto que se había planteado al aprobar el Congreso que el DF participara con un financiamiento sustancial de casi 9 mil millones de pesos, descontables de sus aportaciones federales, para beneficiar a algunos estados de la Federación, sin haber recibido a cambio el manejo de la función educativa así como el presupuesto que esta actividad requiere.
La solución se da en buena medida al publicarse en el Diario Oficial el nuevo reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública, donde se crea un organismo autónomo para el DF, que será responsable de la educación básica y se suprime la actual subsecretaría encargada de esos servicios.
El jefe de Gobierno del DF recibió de buen grado la medida, calificándola como un primer paso para una descentralización educativa en la ciudad. Evidentemente, la solución ideal para el gobierno capitalino sería que dicho órgano autónomo pasase a depender de él directamente, y poder recibir también directamente las partidas correspondientes de las aportaciones federales legales, como ocurre con las demás entidades del país.
Independientemente de cómo se resuelva la transición administrativa, lo que importa a los habitantes del DF, y sobre todo a la ninez y a la juventud, es que la calidad del servicio educativo se supere de manera sensible y no vaya a sufrir un deterioro progresivo por roces e ineficiencias burocráticas entre ambos órdenes de gobierno, como ha ocurrido en algunos estados.
Al parecer se ha desactivado con este paso una instancia de mayores desacuerdos entre el gobierno capitalino y el Gobierno Federal, y no debe permitirse que una actividad de tal relevancia se politice de nuevo como resultado de conflictos que no deberían afectar la tarea de formación de nuevas generaciones de ciudadanos bien adaptados y productivos.
La Ciudad de México tiene la tradición de una educación pública de excelencia, y esta característica debe mantenerse y acentuarse. Adicionalmente, los habitantes del DF deben gozar de todos los derechos y ejercer todas sus obligaciones como mexicanos. Debe desterrarse, por lo tanto, toda norma legal que les menoscabe esta calidad.
La presencia de las autoridades federales en la capital de la República de ninguna manera debe incidir negativamente en los derechos de los millones de ciudadanos del DF, quienes son los que pagan más impuestos en todo el país.
Durante muchos anos ha habido una reticencia a reconocerles su mayoría de edad a los capitalinos. Sus prerrogativas legales se les han ido reintegrando a cuentagotas, después de que en los anos 20 del siglo pasado se eliminó el sistema del municipio libre en la Ciudad de México, por la desconfianza de los gobernantes federales hacia los vecinos de la capital, quienes los tenían muy cerca y podían juzgar su desempeno.
Aunque la descentralización de la educación pública es un avance bienvenido, falta aún por reintegrar a los capitalinos una serie de derechos, como el de contar con una Constitución local y un Poder Legislativo con plena autoridad sobre asuntos fiscales y de endeudamiento, dejando de depender del Congreso federal, en el que la suerte de los capitalinos es decidida por legisladores de otras entidades. (El Universal).
