José Eliezer Esponda Cáceres, integrante de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, expresó su inconformidad con la diputada local, Sahara Munira José Flores, destacando la ausencia de la legisladora en diversos eventos que involucran a la comunidad LGBTQ+ y cuestionado su compromiso con los derechos de la diversidad sexual.
Designación
La diputada Sahara Munira José Flores fue designada por el partido Morena para ocupar una curul plurinominal reservada para la comunidad LGBTQ+ mediante acción afirmativa en el 2024.
A lo largo de su ocupación, diversos colectivos han cuestionado su pertenencia a esta comunidad, acusándola de usurpar un escaño a favor de la población LGBTQ+, en la categoría de mujer lésbica, considerando que no es integrante de esa comunidad, ya que está unida en un matrimonio heterosexual.
“No creemos que sea una digna representante de la comunidad LGBTQ+. Nuestro reclamo es que tiene que entrarle a la agenda de los derechos pendientes”, señaló Esponda Cáceres.
Asimismo explicó que no han observado intención alguna de la diputada para involucrarse en las diversas iniciativas y proyectos impulsados por la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas.
“Si bien ya ella está cubriendo la cuota, todavía no hemos visto ninguna intención en ninguna de las propuestas que se están llevando a cabo, como la penalización de las terapias de conversión y la ley de identidad. No hemos visto que se presente, ni proponga, ni aporte nada”, afirmó.
Ante la realización del “Mampride”, el próximo 14 de junio en la capital, Esponda Cáceres afirmó que la diputada es bienvenida a participar.
Reconocen disidencia sexual
Por otra parte, José Eliezer Esponda Cáceres, calificó como un hecho histórico para los derechos humanos que el Congreso del estado de Chiapas tipificó como delito a las llamadas “terapias de conversión” o prácticas violentas dirigidas a modificar la orientación sexual o identidad de género, lo que era una demanda emblemática del movimiento LGBTIQ+ local.
Consideró esta reforma como “el reconocimiento de la existencia de la población disidente sexual”.
Esponda Cáceres enfatizó el alcance de la ley: “Nuestro derecho de existir desde todas las etapas de nuestra vida. El tipificar prácticas violentas asesoradas por nuestras familias es la clave. La niñez y la adolescencia deben estar protegidas de prácticas que no están avaladas científicamente ni por los fundamentos legales de México ni por compromisos internacionales”.
El activista, visiblemente conmovido, destacó que esta lucha supera los 20 años: “Es emoción, sobre todo es el resultado de una lucha de más de 20 años, afortunadamente este humanismo sí transforma”.
La ley sanciona intervenciones –promovidas incluso en círculos familiares o religiosos– que buscan “corregir” la identidad LGBTIQ+ mediante métodos psicológicos, espirituales o físicos, catalogados como tortura por la ONU. Esponda subrayó su efecto cascada:
Lo que sigue, de acuerdo al activista, son nuevas batallas legales como el acceso a la salud trans, el reconocimiento de familias homoparentales y políticas contra crímenes de odio.
