Las 38 comunidades y los dos barrios que conforman el municipio de Chalchihuitán no van a permitir la reinstalación de regidores y regidoras, a pesar de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que los funcionarios incurrieron en desvíos de recursos millonarios, cuya cantidad asciende a los 70 millones 973 mil 544 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
José Francisco Hernández Gordillo, consejero jurídico municipal, explicó que, con base en el análisis que hicieron, encontraron 25 anomalías que realizó el pasado ayuntamiento y que están vinculadas al daño patrimonial y al desvío de dinero.
Contexto
El año pasado las comunidades se organizaron para denunciar desviación de recursos públicos; tras una investigación hecha por la ASE se comprobó tal situación; la ahora exalcaldesa (Margarita Díaz) y el síndico (Hermelindo García) fueron enviados a la cárcel, desde ahí enfrentan su proceso jurídico.
Posterior a ello vino la toma de protesta (en el Congreso local) del Concejo Municipal; esta figura jurídica estuvo trabajando en los últimos siete meses con el respaldo de ocho mil habitantes, hasta que el TEPJF ordenó el regreso del ayuntamiento, debido a que los regidores impugnaron.
Hernández Gordillo recordó que en cuatro ocasiones viajaron a la Ciudad de México para comentarle a los magistrados y magistradas que cuatro personas que formaban parte del Cabildo aprobaron la Cuenta Pública 2018 y, por lo tanto, avalaron el desvío de recursos.
Compartió con este medio de comunicación información de los números revisados por la ASE, en el que se observan daños patrimoniales con cantidades que van de los 20 mil 832 pesos, en adquisiciones de materiales de construcción, hasta los 37 millones 779 mil 715 pesos, en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
La ASE también documentó probables daños al erario en conceptos como materiales de impresión y limpieza (973 mil 859.50 pesos), construcción de 13 cuartos dormitorios en la comunidad de Lobolaltic (dos millones de pesos), además 23 cuartos en las comunidades de Cruz Ton y Patkanteal, con una suma de tres mil 200 mil pesos que no se comprobaron.
Existen irregularidades en el pago de la nómina, compra irregular de combustible, apoyos a organizaciones y adjudicaciones directas de construcciones.
Hernández Gordillo enfatizó que sería injusto que los diputados tomen protesta a funcionarios que violaron lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y que, cuatro de los que formaron parte del Cabildo, permitieron actos de corrupción.
“Esto va a llevar, si el Congreso comete esa injusticia con el pueblo de Chalchihuitán, a que prevalezca el desorden y, Dios no lo quiera, la violencia”, remarcó.
Gabriel Méndez López, abogado comunitario, manifestó que la población demostró con documentos que existió un mal uso del dinero del pueblo, las autoridades no pueden reinstalar a personas que son perseguidas por la ley y que le han hecho daño al erario.
Añadió que la molestia es generalizada, la población se está organizando para que en el 2021 las elecciones se realicen por medio de los usos y costumbres, sin la intervención de los partidos políticos.
