"Agencia * Universal. Los partidarios de una agenda mínima de la democracia la entienden casi exclusivamente como ""elección de autoridades"" y piensan que los asuntos económicos y sociales no son parte de la agenda democrática, sino cuestiones puntuales de política pública. No es incorrecto aseverar que lo social y lo económico se atiende mediante políticas que resultan de acuerdos y negociaciones entre sectores sociales y fuerzas políticas.
Pero a pesar del minimalismo, la terca realidad asedia el concepto de democracia. Lo hace tanto hoy como lo hacía antiguamente. Aristóteles concebía la democracia como parte componente de la buena sociedad. Aquella en la que predomina el punto de vista del ciudadano ""medio"", no del que está más arriba ni más bajo, sino el de en medio.
La construcción de las ciudadanías como eje de la democracia moderna ha sido un proceso histórico que no prescinde en modo alguno de factores políticos tanto como económicos, sociales y culturales. El ciudadano actual en los diferentes sistemas democráticos es incomprensible sin los conflictos protagonizados para instaurar los derechos fundamentales.
Estos derechos eran prácticamente inexistentes antes de la institucionalización de la democracia como sistema de gobierno. Por ejemplo, en los parlamentos del fin de la época monárquica y absolutista participaba exclusivamente la nobleza. En el sistema inglés subsiste la Cámara de los Lores por contraste con la de los Comunes, que en conjunto forman el Parlamento.
El derecho de votar pertenecía inicialmente a los propietarios de la tierra. Los trabajadores no tenían derecho al voto; tampoco las mujeres. Fueron las movilizaciones para universalizar los derechos y el igualitarismo las que hicieron realidad, aun con todas sus limitaciones, los derechos universales. No fue sino al promediar el siglo XX que a través de las Naciones Unidas se aceptó internacionalmente la Carta de los Derechos Humanos que, a su vez, ha sido actualizada varias veces entre 1948 y 1998.
Los derechos de propiedad en el sentido más amplio de la palabra, como propiedad de uno mismo, de sus bienes y posesiones, de su patrimonio, del acceso a los bienes públicos (que conforman derechos de propiedad individual a través de formas colectivas), son incomprensibles sin el desarrollo de la democracia como derecho universal. Una afirmación de Amartya Sen puede sorprender a más de alguno: nunca ha habido hambrunas en países democráticos. Las hambrunas están asociadas con dictaduras y oligarquías políticas de la peor ralea que, ante situaciones de emergencia para millones, mantienen acaparado el alimento que podría salvarlos de la muerte.
Es cierto que no solamente en las democracias ha habido reducción de la desigualdad. Las hoy democracias de los países de Europa Central y del Este, que vivieron bajo el totalitarismo, registran una desigualdad social inferior a la mayoría de los países de América Latina. Aquellos países tienen una clase media mayoritaria que reduce los extremos entre los más ricos y los más pobres. Pero el costo fue el sacrificio de la libertad, que ya nadie está dispuesto a tolerar.
Alemania es un caso singular en el que la reunificación ha implicado una derrama gigantesca de recursos para elevar el nivel de vida de la antigua RDA. Sólo es posible imaginar una Alemania próspera y estable si se consigue la nivelación social de este y oeste.
La investigación sobre la relación entre democracia y desigualdad es concluyente en varios aspectos. Uno es que los sistemas democráticos son inestables si el ingreso promedio de la mayor parte de la población es inferior al ingreso per cápita. No puede ser de otro modo. Si hay libertades democráticas y la mayoría recibe un ingreso promedio que contrasta radicalmente con el de una minoría situada en el tope de la pirámide, exigirá que el ingreso se distribuya de otra forma.
Si los partidos políticos no son capaces de ofrecer soluciones a esta demanda, sobreviene la decepción democrática y la tentación populista o dictatorial. Estas fórmulas arrasan con la democracia pero ofrecen la ilusión de una mejor distribución de la riqueza. Si esta aspiración se hace mayoritaria, se traduce electoralmente.
Venezuela encaja claramente en esta categoría. Argentina puede encaminarse en esa dirección, al igual que Bolivia y Ecuador. Los datos de México son preocupantes: en 2005, según la Cepal, 80% de la población recibía 42% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico recibió 58%. Desatender este hecho es negligencia y contubernio. Ambos son inaceptables. No se puede ignorar impunemente al tercio del electorado que votó por la igualdad social en 2006; las consecuencias serían desastrosas.
La experiencia espanola es contundente. Su éxito económico y su estabilidad política están directamente relacionados con las políticas para cambiar la distribución del ingreso. Durante los 14 anos de gobiernos encabezados por Felipe González, el 20% más rico disminuyó su participación en el ingreso total en 7%, mientras que el 20% más pobre lo incrementó en 17%. Se hizo crecer a la clase media, se modernizó la economía y se estabilizó la democracia. Y se logró por consenso. Ventaja por partida doble: políticas de salud, educación e infraestructura basadas en una profunda reforma fiscal, aunadas a la flexibilidad y representatividad del sistema parlamentario.
Una breve conclusión a la vista de estos hechos: libertad e igualdad no son contrapuestas en la democracia. Esa oposición es anacrónica si consideramos que la síntesis de ambas se consigue con un buen sistema de justicia y políticas públicas de orientación nacional y no facciosas. Hoy por hoy no disponemos de esa síntesis. (El Universal).
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