Históricamente la penalización del aborto ha generado que estos sean clandestinos, se practiquen de forma insegura y sea elevada la mortalidad de las mujeres en contexto de pobreza y jóvenes. Tras las crisis jurídicas en el sistema mexicano, se ha determinado que no se trata de un tema moral sino de salud pública.
De acuerdo con la activista Irazú Gómez Vargas, es muy importante igualar la despenalización para que “las mujeres podamos acceder a estos derechos de forma igualitaria y no por estar en un lugar donde geográficamente no es permisible”.
Actualmente en México hay 10 estados donde el aborto ya no está penalizado, nueve por día legislativa y uno por vía judicial, sin embargo, los avances han sido en toda la estructura, ya que “a partir de la derogación del artículo 196, en Coahuila, gracias a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la inconstitucionalidad de penalizar a cualquier mujer por abortar de manera voluntaria”.
Persiste señalamiento
Gómez Vargas determina que si bien la despenalización avanza en términos constitucionales o legales, la criminalización persiste como un problema cultural, “pues es un tema que nos provoca mucho estupor porque se continúa hablando de asesinato cuando no es así, cuando hay razones científicas, razones biológicas e incluso católicas por el derecho a decidir”.
Estos estigmas frenan la concepción del acceso a un derecho para las mujeres, y acotó que para ir acabando con estos sesgos, la información de la justicia reproductiva y la capacitación son claves para la toma de decisiones de manera reflexiva, abonando al desarrollo de la sociedad.
Por lo cual, invitó a la “Semana de Acción Global por la despenalización del aborto en América latina y el Caribe” que se llevará a cabo en San Cristobal de Las Casas y en otros municipios de la entidad.