A un año de haber sido desplazadas por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) durante una disputa de tierras, 16 familias tojolabales del poblado Primero de Agosto, municipio de Las Margaritas, demandaron que se cumplan los acuerdos firmados para su retorno en condiciones de seguridad.
Representantes de los 60 desplazados aseguraron que cada vez es “más crítica la situación” en el campamento en el que viven a orillas de la carretera que comunica a la cabecera de Las Margaritas con la comunidad de Guadalupe Tepeyac, a un kilómetro de Primero de Agosto.
En rueda de prensa dijeron que la niña María Fernanda Pérez, de cuatro meses de edad, quien nació prematuramente, falleció a causa de la presunta “omisión del gobierno” por “no cumplir el acuerdo firmado el 11 de diciembre pasado”.
En las oficinas del Centro Fray Bartolomé de Las Casas afirmaron que “en la reunión que tuvimos con la Dirección de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, de la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos, habíamos acordado la atención urgente (de la menor), pero nos la negaron”.
Precisaron que “nos estaban pidiendo papeles imposibles de conseguir y el expediente médico para que la bebé fuera atendida en el Hospital Pediátrico ubicado en Tuxtla Gutiérrez, pero el Hospital de la Mujer de Comitán, siempre nos lo negó. Allí nos dijeron que la bebé no tenía nada, que se iba a curar con el tiempo, aunque a los doctores les dijimos que con el tiempo iba a morir”.
En la misma rueda de prensa, el Centro aseguró que el fallecimiento se debió “a las condiciones de vulnerabilidad derivadas del desplazamiento forzado” de las 16 familias y denunció que el Hospital de la Mujer de Comitán actuó con “negligencia por no canalizar adecuadamente a la menor al Hospital Pediátrico”.
Los desplazados recordaron que el primero de agosto de 2013, las 16 familias, originarias de la comunidad Zaragoza, Las Margaritas, se posesionaron de 74 hectáreas del predio El Roble, ubicadas en medio de terrenos del ejido Miguel Hidalgo, pero los miembros de la CIOAC-H los desplazaron el 23 de febrero del año pasado, a pesar de que no son dueños de las tierras, ya que debido a que la persona que las tenía en posesión antes de que fueran “recuperadas” en 1994, no contaba con documento oficiales y no fueron incluidas en el Fideicomiso Fondo 95, por lo que el gobierno no las pudo comprar para entregárselas a los ejidatarios.
Por ello “seguiremos luchando por esas tierras que legítimamente nos corresponden”, dijeron, al tiempo de señalar que el predio fue cercado por el grupo contrario, sin que lo estén trabajando.
