Miles de indígenas desplazados de sus comunidades en el municipio de Chalchihuitán siguen viviendo una situación “preocupante y dolorosa”, afirmó el obispo Felipe Arizmendi Esquivel.
“Este sábado pude estar unas cuatro horas en Chalchihuitán, donde escuché a personas desplazadas de varias comunidades, sobretodo mujeres con sus niños en brazos y a las autoridades municipales, con una comisión representativa de sus diversos parajes”, dijo.
Añadió que “sigue habiendo miles de desplazados, que viven en las montañas, expuestos a todas las inclemencias del tiempo y a pasar hambre y enfermedades”.
Expresó que pudo pasar por la carretera, “que ya está libre desde la comunidad de Las Limas (Chenalhó) hasta la cabecera municipal y observé muchas casas totalmente abandonadas.
”Sus dueños no se atreven a regresar por sus pertenencias y ver sus animalitos, menos a cosechar su café, porque dicen que todavía se siguen escuchando disparos de armas de alto poder, por parte de grupos armados que dicen son promovidos por autoridades de Chenalhó”.
Aseguró que “es imposible que ahora puedan recuperar sus casas y sus tierras, después del fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) —dado a conocer el 13 de este mes— que dictamina regresar esas tierras a Chenalhó”.
Señaló que “hombres y mujeres me describieron sus sufrimientos y carencias. Ya han fallecido niños y otras personas, por falta de alimentos y de atención sanitaria adecuada. Agradecen toda la ayuda que se les ha hecho llegar y solicitan sobre todo maíz y frijol, sal, azúcar y petates donde dormir, pues muchos siguen durmiendo en el suelo. Una mujer me decía que sentían miedo por las culebras que hay en esos lugares despoblados”.
Por ello, dijo, “seguimos pidiendo a las personas que sigamos apoyando la ayuda humanitaria para ellos, en particular por medio de las parroquias y de Caritas diocesana”.
El obispo afirmó que los habitantes de Chalchuitán “dicen que ellos no recurrirán a las armas, ni a otras medidas de lucha o de venganza, sino que acudirán a las instancias superiores al TUA, como es el Tribunal Colegiado y, si es necesario, a la Suprema Corte de Justicia.
”Rechazan la fuerza de las armas, porque dicen confiar en que se respeten sus derechos protegidos por documentos oficiales”, concluyó.
