En septiembre de 2017, siete familias del poblado Los Llanos, del municipio de San Cristóbal, recibieron como plazo cuatro meses para levantar sus cosechas y desmantelar sus casas de madera y láminas; al término, debían abandonar la comunidad y devolver sus certificados parcelarios.
Se trata del desplazamiento forzado y la expulsión que por motivos religiosos padecen familias enteras de diversas comunidades indígenas del estado, y que escapan con el único objetivo de salvar la vida.
Estas nuevas víctimas se suman a las varias decenas que, desde 1997, continúan a la espera del cumplimiento de minutas y promesas de indemnización y reparación de daños por las autoridades.
Los usos y costumbres para los disidentes del tradicionalismo católico de este poblado, incluyen, además del despojo, la humillación pública, y la expulsión.
Desde enero de este año, los ahora expulsados no han recibido ningún tipo de ayuda, y no han denunciado los hechos por las amenazas de muerte que pesan sobre ellos.
Los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Teopisca, Venustiano Carranza, Palenque, Las Margaritas, Altamirano, Tumbalá, Comitán y La Trinitaria se suman al mapa de la intolerancia religiosa.
Desde 2014, la asamblea del poblado Los Llanos generó un documento que los nuevos pobladores y avecindados deben firmar; en él, aceptan a un solo partido político como única filiación partidista, y la católica como única profesión de fe.
La misma causa y semejante despojo han sufrido cuatro familias de San Gregorio Las Casas, y seis de Chilil, en Huixtán; y 28 más de San José Yashtinín, en San Cristóbal de Las Casas.
En el sexenio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones 53/2010 (Chilil), y 71/2010 (Los Llanos). Sin embargo, las autoridades ejidales y municipales simularon acuerdos y falsificaron firmas para supuestos acuerdos de paz. La CNDH nunca verificó en campo la veracidad de dichos acuerdos.
En enero de 2015, se firmó una minuta en la cual según las autoridades apoyarían a 38 familias de los poblados San Gregorio, Chilil y San José, con un monto de 311 mil pesos por familia. A la fecha únicamente seis familias de Huixtán han recibido 100 mil pesos.
En medio del dolor que significa dejar sus hogares, los desplazados han canalizado el odio y la impotencia que representa su exilio, en fortalecer la unión y solidaridad de otros familias que, como ellos, han sido expulsados de sus comunidades.
Muestra de ello son los desplazados de San José Yashtinín, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde 33 evangélicos comparten una casa con ocho habitaciones, con quienes juntos pagan la renta.
En tanto cuatro familias cristianas expulsadas del poblado Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, intentan normalizar su vida en la comunidad Monte Sión, al oriente del municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Todas estas familias tienen un anhelo en común: regresar algún día a sus lugares de origen, pues dicen que allí está no solo el hogar que los vio nacer, sino también sus raíces y la identidad como pueblos originarios.
