Mil 94 indígenas del municipio de Chalchihuitán que continúan desplazados de sus comunidades desde hace cuatro meses —a causa de un conflicto de límites con su vecino Chenalhó que data de 45 años— demandaron a las autoridades federales y estatales la elaboración de un plan de retorno integral, desarme de los grupos civiles armados y el desalojo de los invasores de tierras.
Al mismo tiempo, el Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil que los acompaña exigió a las autoridades resolver la grave situación de supervivencia que enfrentan los desplazados, “pues el gobierno ha dejado de apoyarlos con ayuda humanitaria”.
En conferencia de prensa ofrecida en las Instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representantes de los desplazados manifestaron que el gobierno los tiene “en total olvido, viviendo en una situación deplorable e inhumana”.
María Pérez Gómez, una mujer desplazada, manifestó: “hemos sufrido mucho, tenemos hambre, y nadie quiere saber si estamos bien, desde noviembre cuando intentaron matarnos en nuestras casas huimos hacia las montañas, hemos padecido frío y nuestros hijos están en riesgo por las picaduras de mosquitos y culebras”.
Relató que “llegaron más de 50 hombres de Chenalhó con sus armas, y hasta ahora no se ha calmado, pues nos siguen espantando con las balas”.
Ausencio Pérez Paciencia, otro desplazado, dijo que los mil 94 desplazados de nueve comunidades de Chalchihuitán están viviendo en diez campamentos.
“Vivimos en las montañas para proteger nuestras vidas y la de nuestras familias porque los paramilitares de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, nos quieren matar y han despojado de nuestras tierras con violencia, quemaron nuestras casas, robaron cosechas, mataron a los animales y nos desalojaron hacia las montañas”, finalizó.
