Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata - Región Carranza (OCEZ-RC) tomaron el lunes las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en San Cristóbal, para pedir a las autoridades estatales que agilicen la respuesta a sus demandas agrarias, sociales y de justicia.
Uverlaín Aguilar de la Cruz, coordinador de la agrupación, informó que al mismo tiempo, decenas de miembros de la organización continúan con el plantón instalado el primero de este mes en la Plaza Catedral, en espera de que las autoridades den respuesta a sus demandas.
En entrevista, informó que las oficinas de la CNDH fueron tomadas por unos 20 campesinos al medio día, debido a que funcionarios estatales se habían comprometido a enviarles la propuesta de minuta de acuerdo entre el sábado y el domingo, lo cual no cumplieron.
Advirtió que mientras no se firme el acuerdo correspondiente no se retirarán de la CNDH ni de la Plaza Catedral, por donde pasará el papa Francisco durante su visita a esta ciudad el 15 de este mes.
En la Plaza Catedral se encuentran plantados también decenas de pobladores del municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, para plantear el retorno de 9 familias expulsadas por priistas de la comunidad de Shulvó, del municipio oficial de Zinacantán.
Juan Pérez Pérez, representante de los afectados, dijo que las autoridades de la comunidad “se niegan a que regresemos, además de que quieren cobrarnos multa”.
Manifestó que la noche del pasado viernes se realizó una reunión con la participación de autoridades estatales, municipales, comunitarias y representantes de la Diócesis y de los desplazados, pero no se llegó a acuerdo alguno porque el agente municipal de Shulvó, José Pérez Pérez, dijo que no pueden regresar sino hasta el 28 de febrero.
