Representantes de 89 familias expulsadas en 2018 del municipio de Nicolás Ruiz, exigieron a las autoridades estatales a generar las condiciones de seguridad para retornar o que los reubiquen en otro lugar.
Agustín Muñoz Gómez, uno de los representantes del grupo, explicó que no se explican por qué “todo el pueblo” los corrió, si vivían en las 253 hectáreas del rancho El Potrero, que compraron desde hace 45 o 50 años.
En entrevista, dijo que desde abril de 2018, en que fueron corridos de Nicolás Ruiz, se refugiaron con familiares en el municipio de Chamula, de donde son originarios sus abuelos y en algunos casos sus padres.
“Cuando llegamos a Nicolás Ruiz, hace años, nos dijeron que éramos bienvenidos, que no había ningún problema, que acatáramos los usos y costumbres y así lo hemos hecho; cooperamos con juncia y velas para las fiestas de la Cruz, de San Agustín y otras”, dijo Muñoz Gómez, quien con unas 20 personas más se manifestó este jueves en la Plaza Catedral, ubicada en el centro de San Cristóbal.
“Nos llevábamos como hermanos; no entendemos cómo se les ocurrió expulsarnos”, manifestó, al tiempo de afirmar que su exigencia es que se generen las condiciones de seguridad para su retorno, pero si ello no fuera posible, que el gobierno les compre la misma extensión de tierra en otro lugar.
Comentó que luego de ser expulsados por los habitantes de Nicolás Ruiz, organizados en ese momento por el alcalde Ángel Méndez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, sus casas fueron destruidas por los pobladores, quienes además se apropiaron del ganado y otros bienes, y que también han vendido sus tierras.
Aseguró que en total son 89 familias afectadas por el desplazamiento forzado, que habían comprado sus tierras y tienen documentos, pero hasta la fecha las autoridades poco han hecho para resolver su situación.
Pidió al gobierno estatal que cumpla con la recomendación emitida hace dos meses por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), de que “mientras persista la situación de desplazamiento se les continúe proporcionando las medidas de ayuda y asistencia, consistentes alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamientos básicos, vestido adecuado, servicios médicos, saneamiento indispensables, educación básica obligatoria, además de atención psicológica”.
Asimismo, que “se adopten las medidas e implementen las acciones necesarias que permita a los agraviados y a sus familias el retorno, y superar la condición de desplazados internos, para lo cual se deberá de considerar que, en caso de que el retorno sea factible, así como la recuperación total de sus bienes inmuebles, se les deberán otorgar las indemnizaciones correspondientes”.
