Desplazados retornarán a sus comunidades

El Centro de Derechos Humanos Ku’untik, que encabeza Diego Cadenas Gordillo, informó que, tras una reunión con los representantes de Gobierno del Estado de Chiapas y con las familias que fueron desplazadas del municipio de Chenalhó, se alcanzaron acuerdos para que los afectados tengan un retorno seguro (si así lo desean) a sus comunidades de origen, particularmente, al ejido Puebla de donde fueron corridos por diferencias post electorales.

Dentro de las peticiones de las 53 familias agraviadas, aparece que las instituciones resuelvan el problema que dio origen al desplazamiento forzado, se hizo énfasis en la liberación de órdenes de aprehensión para los responsables y que se desarticule al grupo paramilitar que se mueve en la zona y que genera conflictos.

A través de un pronunciamiento, informan que los funcionarios de las dependencias que atienden el tema hicieron el compromiso de “garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de las familias que decidan retornar, aclarando que el proceso se hará de manera paulatina, a fin de garantizar los acuerdos que permitan la resolución de conflictos y la sana convivencia”.

Él señala que el alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, mostró el interés de continuar el proceso de negociación para cuidar la integridad de las familias que decidan regresar a las comunidades; mientras tanto, las autoridades ejidales también manifestaron la voluntad para recibir a las personas que se encuentran en situación vulnerable desde hace varios años.

Los inconformes solicitaron que exista un respaldo por parte del gobierno a cada una de las necesidades básicas que tendrán, una vez que se lleve a cabo el retorno; demandan el sustento para la comunidad y enfatizaron en que es necesario un peritaje, para que se determinen los daños que fueron provocados a sus viviendas en el municipio de Chenalhó.

De acuerdo con Cadenas Gordillo, a través del documento, la principal fuente de amenaza para los desplazados del ejido Puebla, son las personas que integran el grupo paramilitar y que, si esa petición no es atendida, “no habrán condiciones seguras ni dignas para su retorno”, quedará en el derecho de cada desplazado regresar a sus comunidades pese a que el riesgo es latente.

Dentro del documento también se acordó la entrega de una lista de las personas que estén interesadas en regresar al municipio y tiene que firmarse; la familia Cruz, del grupo de personas en situación de desplazamiento forzado en el ejido Puebla, insistió en que se apliquen las órdenes de aprehensión contra los responsables del homicidio de Guadalupe Cruz Hernández.

La respuesta de la autoridad ante este tema, es que se van a integrar mesas de atención y que habrá otra reunión para discutir y analizar los avances que se tengan en aquellas personas que sí vayan a regresar a esta zona del estado de Chiapas.

“Este Centro de Derechos Humanos, a través de su director, Diego Cadenas Gordillo, solicitó que los acuerdos, convenios y negociaciones” vengan avalados por parte del poder Ejecutivo, para que se garantice la vida de los desplazados y se atiendan los daños sufridos.

Es importante señalar que el pasado 26 de mayo, las 53 familias desplazadas de Chenalhó cumplieron cuatro años desde que fueron despojadas de sus tierras.

Las cifras oficiales muestran que durante el 2019, Chiapas registró a mil 800 familias en situación de desplazamiento forzado, es decir, a nivel local más de ocho mil personas han sido desplazadas de sus comunidades y las razones principales son los conflictos post electorales que después de que el grupo opositor llega al poder, los inconformes se quedan sin las condiciones mínimas para vivir en esos municipios.