Este 26 de mayo, las familias desplazadas del ejido Puebla, del municipio de Chena-lhó, cumplieron cuatro años de ser despojadas de sus propiedades sin la garantía de retorno y por las diferencias políticas que tuvieron con las autoridades municipales, mismas que utilizaron grupos paramilitares para reprimir a los inconformes, denunció Araceli Cruz López, vocera de los afectados.
Aún sin sanciones
En un discurso enviado a las autoridades, comentó que su padre Guadalupe Hernández fue asesinado a balazos sin que los responsables hayan recibido las sanciones que correspondan; mientras las instancias correspondientes no han hecho nada para la reparación de los daños.
Según los datos oficiales, hasta el 2019 se tiene un promedio de mil 800 familias en situación de desplazamiento forzado, lo que se traduce en ocho mil 340 personas que fueron obligadas a salir de sus propiedades y que hoy viven en espacios que no tienen las condiciones mínimas de seguridad.
Cruz López señaló que a lo largo de cuatro años han exigido al gobierno a que facilite una vivienda, que se otorguen las facilidades de educación para los infantes desplazados; también están obligados (los funcionarios) a garantizar su integridad personal y a brindar servicios de salud básica.
Las 59 familias de Chenalhó están viviendo en un campamento provisional en San Cristóbal de Las Casas, en el lugar que antes se ocupaba para la crianza de aves menores.
Debido a las condiciones del sitio, llegan a vivir hasta 20 personas en cada choza, lo que es riesgoso por el alto contagio que existe de Covid-19 en estos momentos.
Estas personas cuentan con medidas cautelares por parte de organismos autónomos, sin embargo, en reiteradas ocasiones han reclamado a la autoridad la falta de atención en alimentos; incluso tampoco tienen un empleo que les permita generar ingresos para una mejor vida.
En el lugar se encuentran más de 100 niños, adultos mayores y hasta mujeres embarazadas. Desde el 2016 fueron obligados a dejar sus tierras en el ejido Puebla; los acontecimientos ya dejaron personas muertas en el lugar.
Carencias
Donde viven no tienen ventanas, los techos son de asbesto y se mantienen hacinadas, hacen falta sanitarios. Lamentablemente, los desplazados no han recibido información con relación a las medidas que deben de seguir para cuidarse del Covid-19.
En la alimentación, que ahora es responsabilidad de las autoridades estatales, siempre ha presentado irregularidades con la entrega y siempre llega incompleta. Sobre el empleo temporal ocurre algo similar, pese a las minutas de acuerdo firmadas en múltiples ocasiones.
