Aunque desde hace cuatro años, 54 familias fueron desplazadas del municipio de Chenalhó por diferencias políticas con las autoridades actuales, el regreso de 39 de ellas a la zona costaría un promedio de 585 mil pesos, tomando en cuenta que los grupos que han provocado estos desplazamientos forzados exigen una cuota de 15 mil pesos a las partes afectadas, aun y cuando estas personas no cuentan con una vivienda, remarcó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Entrevistado sobre el tema, manifestó que desde el momento en que la aplicación de la justicia no ha sido integral, no existen las condiciones para un retorno seguro y sin amenazas de repetición. Por el momento, aseguró, no hay un peritaje que cuantifique los daños que han generado los grupos paramilitares.
“De las 54 familias, 39 en su desesperación, frustración, en su impotencia están queriendo retornar, aunque no haya condiciones; el resto, quiere que antes se ejecuten las órdenes de aprehensión por homicidios, hay carpetas de investigación que no se han integrado por daños”, remarcó.
Cadenas Gordillo recordó que, recientemente, los desplazados sostuvieron una reunión de trabajo con las autoridades y con las partes involucradas, donde aparecieron dos grupos; el primero reconoció que existió una agresión y que, por lo tanto, los desplazados pueden regresar en el momento que lo deseen.
No obstante, la otra parte manifestó que si los grupos inconformes quieren regresar a sus comunidades tienen que pedir perdón, como si ellos tuvieran la culpa de las agresiones, pasando de víctimas a victimarios.
El activista en materia de derechos humanos comentó que si las 254 personas desplazadas deciden regresar sin la reparación de los daños que se han generado a lo largo de cuatro años, existe un riesgo de que se generen nuevos enfrentamientos y podrían ser retirados, de nueva cuenta, de la misma cabecera municipal o de las comunidades.
Los reclamos del grupo más pequeño, 15 familias, es que al regresar los agresores pidan perdón, que exista el compromiso de no repetición, que las viviendas sean arregladas y que paguen cuatro años de cosechas que se perdieron; además, que quede establecido que el gobierno dará un año de alimento y de empleo temporal en tanto retoman sus actividades agrícolas.
El director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik manifestó que aún se está en un proceso de diálogo con las autoridades, para que las condiciones de los hogares regresen a como estaban antes de que se presentara el desplazamiento forzado en Chenalhó.
Una de las situaciones que se pusieron de ejemplo en la zona, refirió, es que no hace mucho retornaron 13 familias, se hizo un evento gubernamental para celebrarlo, sin embargo, esos mismos desplazados, de forma individual, pidieron perdón a la comunidad, pero sus viviendas nunca fueron reparadas.
“No hubo tal retorno, con esos antecedentes esos compañeros dicen: nosotros si vamos a retornar, no vamos a pedir perdón, no vamos a pagar multa. Por esas 13 familias pagaron -las autoridades municipales- 215 mil pesos”, remarcó.
El activista en materia de derechos humanos lamentó que el tema del desplazamiento forzado se está tomando como un negocio para los agresores que cobran las multas de 15 mil pesos por familia y, lo peor, es que no se abona en ningún sentido al ejercicio de la no repetición.
Finalmente, Cadenas Gordillo detalló que las familias desplazadas de Chenalhó siguen viviendo en San Cristóbal de Las Casas, en un inmueble que es propiedad del Gobierno del Estado (fue una granja avícola) y también está activa la entrega de alimentos, en tanto se resuelve toda la situación.
