El desplazamiento forzado en México y en Chiapas, es un fenómeno tan grave que lleva a las personas que han sido víctimas de esta cruda realidad a perder su identidad, su hogar, familia, raíces y en muchos casos, la vida.
Para los desplazados, llegar a una ciudad que no es su lugar de nacimiento representa comenzar de cero, en “mundos” que en la mayoría de los casos no entienden, leyes que no les favorecen y sociedades que los discriminan.
De acuerdo a los pocos registros oficiales que existen sobre el tema, el exilio de grandes grupos de personas, principalmente indígenas y pobres, comenzó en la década de los 70 y desde ese momento, no se han detenido por diferentes causas.
Para citar un ejemplo de la gravedad de este tema en la entidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su informe sobre “Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Cifras 2018”, coloca a la entidad en segundo lugar con más personas desplazadas del país, con más de 300 mil personas.
En Chiapas, los dos grupos étnicos que más han sido víctimas de desplazamiento con violencia son tseltales y tsotsiles, por grupos de corte paramilitar, auspiciados por políticos de diferentes partidos políticos que en su momento ostentan el poder.
Tan solo en el 2018 se presentaron, en zonas indígenas, cuatro episodios de desplazamiento dentro del mismo número de municipios, ubicados en seis localidades, en las cuales fueron desplazadas cinco mil 035 personas (en su mayoría indígenas).
Este registro en Chiapas expone que los desplazamientos forzados se han presentado en Chalchihuitán; Aldama, en sus localidades de Xuxchén, Coco, Tavac, San Pedro Cotzilnam; El Bosque en Chabajebal; y Nicolás Ruiz en la ranchería El Potrero.
La Comisión Mexicana detalla que el total de personas internamente desplazadas por la fuerza en México hasta diciembre de 2018, asciende a las 338 mil 405 personas.
En el caso de Aldama, ha sido consecuencia de un conflicto territorial que data de 1975, entre las comunidades de Santa Martha y Aldama, quienes se disputan 60 hectáreas comunales para el cultivo de café.
Hablar de este problema real y palpable en Chiapas, en términos de legalidad, así como de derechos humanos para las familias y grupos desplazados que han sido víctimas, es difícil, ya que no hay un solo caso exitoso de retorno seguro a las comunidades.
De acuerdo a Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, la Intolerancia religiosa fue el concepto que permaneció en Chiapas para hacer referencia a los desplazamientos forzados que se han presentado en los últimos años, aunado a la disputa del poder a través de los procesos electorales, mismos que llevan a las personas a un precipicio de pobreza extrema, debido a que pierden las pocas pertenencias con las que cuentan.
Panorama
La CMDPDH expone que los desplazamientos en la entidad en los últimos años se han distribuido de la siguiente manera:
Aldama
El desplazamiento forzado en este municipio ocurrió el 20 de marzo de 2018. Fue por causas de conflicto territorial, con un total de dos mil 036 indígenas tsotsiles despojados por un grupo armado de la comunidad de Santa Martha Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó.
El desplazamiento inicial fue de 145 familias en la comunidad de Tavac; por esto, las víctimas buscaron refugio en la comunidad vecina de Xuxchén, demarcación en la que cuatro días después el mismo grupo entraría para desplazar a 90 familias más.
Nicolás Ruíz
En abril de 2018, se suscitó un desplazamiento en El Potrero, en la que fueron víctimas 19 familias, un aproximado de 89 personas, las cuales tuvieron que resguardarse en las cabeceras municipales de San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas.
El 10 de abril, un grupo de aproximadamente 800 individuos armados, irrumpieron en la ranchería El Potrero, con el uso y disparo de armas automáticas, y además incendiaron los campos que circundan al pueblo.
Como resultado de los incendios, diversas viviendas comenzaron a arder en llamas. Los hombres armados exigieron a los pobladores salir del lugar, donde alegaron que las tierras les pertenecían.
Algunas familias intentaron encerrarse en sus casas, pero prefirieron huir al percatarse de que los campos que rodean el pueblo estaban incendiándose. Ante las amenazas con armas de fuego, 19 familias, que desde 1958 habitaban este poblado, se vieron obligadas a desplazarse ese mismo día.
El Bosque
En noviembre de 2018, se suscitó el desplazamiento de mil 764 indígenas tsotsiles, en su mayoría adultos mayores, gran número de mujeres y menores de edad de la comunidad de Chabajebal, municipio de El Bosque.
Este desplazamiento es el único que ha tenido un retorno parcial de 400 familias, ya que la Comisión Mexicana detalla que el equivalente al 95% de la población desplazada logró retornar a su comunidad, el 24 de noviembre de 2018.
El 7 de noviembre de 2018, cientos de familias indígenas tzotziles fueron desplazadas de manera forzada de la localidad de Chabajebal, como resultado de una incursión armada en su comunidad.
Chalchihuitán
En el último mes de 2018, se reportó el desplazamiento de 238 familias tsotsiles, un total de mil 146 personas, de las comunidades de Barrio Shishimtotik, Tulantic, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcante- tik, Cruztón, Bejeltón y Pom, municipio de Chalchihuitán.
Más de un año después del desplazamiento forzado de más de 5,000 indígenas tzotziles del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, derivado de la disputa de 364 hectáreas de bienes comunales con el municipio vecino de Chenalhó, continúan los episodios de desplazamiento forzado masivo en este municipio.
El 21 de diciembre de 2018, nueve campamentos instalados en Chalchihuitán, donde se refugiaban 238 familias desde octubre de 2017, fueron destruidos, dando lugar a un segundo episodio de desplazamiento.
Chenalhó
En mayo del 2016, fueron desplazadas 56 familias del ejido Puebla por un grupo armado, al mando de la exalcaldesa Rosa Pérez Pérez; un grupo que el 2017 fue víctima de un segundo desplazamiento forzado, a pesar de que se encontraban en la cabecera municipal.
Zinacantán
En la comunidad tsotsil de Shulvó del municipio de Zinacantán, 12 familias fueron desplazados en el año 2016 por conflictos emanados de la disputa del poder en este municipio. De acuerdo al testimonio de las víctimas, un grupo de simpatizantes del alcalde en funciones en ese entonces, arribó a la comunidad, rompió con marros las casas y los obligó a salir únicamente con lo que llevaban puesto.
Ocosingo
Por parte de la comunidad tseltal del Tenango y el ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, fueron desplazados por conflictos poselectorales 10 familias en el 2016.
Estos últimos grupos se han unido para exigir de manera conjunta se haga justicia en estos casos, para que puedan retornar a sus hogares y los responsables de su exilio, sean castigados.
La lucha comunitaria
Los desplazados de Shulvó, ejido Puebla, Cintalapa y Tenango, han conformado la Coordinadora de Personas Desplazadas, donde han protestado de forma permanente y logrado la instalación del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.
Esta acción ha beneficiado con alimentos a Aldama, Chilón, Chalchihuitán, El Bosque, San Cristóbal de Las Casas, Chenalhó, Nicolás Ruiz e Ixtapa. El año pasado las autoridades entregaron 693 toneladas de ayuda humanitaria.
Este año, estuvieron cerca de dos meses en la explanada del Parque Central de Tuxtla; son 444 indígenas que no han claudicado en la búsqueda de justicia, pero también para que se dé cumplimiento al segundo punto más importante, que es el de retornar a sus tierras, tal como expone Aracely Cruz López, joven mujer desplazada del ejido Puebla.
Este grupo levantó su movimiento, derivado de la contingencia por el Covid-19, pero antes, Aracely narró el infierno que pasó durante el asesinato de su padre, la agresión a su madre y hermano, el día que ocurrió el ataque armado y tuvieron que escapar de su hogar sin motivo alguno.
La joven de 22 años recordó que fue el jueves 26 de mayo de 2016, cuando un grupo de personas, algunas encapuchadas, bloquearon el acceso a la comunidad en la entrada, así como a la altura del centro.
Continuó precisando que a la una de la tarde, su padre, su hermano y otros compañeros de la comunidad regresaban de la cabecera municipal de Chenalhó, de atender asuntos personales, y al notar la pequeña barricada bajaron a quitar las piedras, viajaban en una Nissan tipo Estaquitas, avanzaron hasta el centro, donde otro bloqueo de piedras los esperaba, al igual que un grupo de 50 hombres armados para atacarlos.
“En este punto se bajaron los ocupantes de la camioneta, pero los hombres armados los atacaron a golpes, con piedras, con palos y armas de fuego. Algunos salieron corriendo, siendo perseguidos, mi padre llegó a refugiarse a la casa, pero a los cinco minutos lo alcanzaron”, recordó.
Junto con su familia, fueron atacados, el grupo armado rompió la puerta, “lo que más nos confundió es que los atacantes eran conocidos, vecinos y hasta quizá personas con quienes nos llevábamos; rompieron las paredes, las puertas, le dispararon a mi madre, María López Sántiz, en la pierna, a mi hermano David Cruz López, en las dos piernas”.
En este ataque artero, Guadalupe Cruz Hernández, de 58 años de edad, pidió perdón a los atacantes, a pesar de que no entendía nada de lo que ocurría.
Intentó salvarse y también a su familia que observaba la escena, se acercó a los hombres que ya le apuntaban, se hincó, pidió perdón en caso de haberles ofendido, pero nada valió, tres disparos a quemarropa en el pecho le quitaron la vida.
“Eran conocidos, en esta comunidad surgió el grupo paramilitar, fue pagado por Rosa Gómez Gómez, que era la presidenta municipal y el tesorero Abraham Cruz Gómez, hoy presidente municipal”, señaló.
Araceli asegura que seguirá luchando, ya que de acuerdo a este oscuro episodio en su vida, como fue el asesinato de su padre, no debe quedar impune, al tiempo de lamentar que, a pesar de que los responsables ya fueron identificados en la comunidad, no llega la justicia, “las personas que asesinaron a mi padre están contentos en el ejido Puebla, con sus familias, mientras que nosotros seguimos desplazados, y en una huelga para que nos hagan caso”.
De este contexto tiene conocimiento la Federación y el Estado, que poco o nada han realizado para atender de fondo el asunto, pese a que las víctimas que han dejado los desplazamientos están documentadas.
