En el 2012 se publicó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, que en su artículo séptimo establece que las autoridades tomarán medidas de protección para los desplazamientos de comunidades indígenas, campesinos u otros grupos que tengan especial dependencia con su tierra, sin embargo, estos han sido los casos más recurrentes tal como se ha documentado.
La legislación vigente, publicada mediante el decreto número 158, en el Periódico Oficial del Estado número 355, de fecha 22 de febrero de 2012, estipula también que las autoridades deben garantizar que los desplazados gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene, pero esto en la práctica no se aplica.
En la misma se establece además que los grupos desplazados gozarán al menos de: alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; servicios médicos y de saneamiento indispensables; y educación básica obligatoria; mas esto pocas veces se ha cumplido, sobre todo en los anteriores gobiernos.
Fue a partir de esta ley que se creó el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, con el objetivo de diseñar e instrumentar medidas para prevenir el desplazamiento interno, así como las que permitan resolver las causas que les dieron origen.
Algunas dependencias que integran este consejo son: la Secretaría General de Gobierno, quien presidirá su organización; la Secretaría de Hacienda; la Secretaría de Desarrollo y Participación Ciudadana; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación; entre otros.
La práctica, una realidad muy lejana
A los desplazados, el estado les ha quedado a deber prácticamente todo lo plasmado en la ley, ya que las autoridades estatales han cumplido -a medias- con la entrega de ayuda humanitaria a las familias, así como en la prevención de los desplazamientos forzados; adicional a ello, tampoco se ha implementado un fondo económico que atienda los casos que se vayan generando.
El secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Emilio Álvarez Icaza, enfatizó que el fenómeno del desplazamiento interno forzado, producto de condiciones de violencia, conflictos de despojo, impacto ambiental, diferencias religiosas, entre otros aspectos, es un problema que se tiene que atender desde los factores de origen.
Lamentó incluso que el estado mexicano no reconozca la dimensión de los desplazamientos y que no se hayan tomado las medidas y acciones de políticas públicas para su atención.
Expuso que las denuncias de muchas comunidades de diferentes municipios ha sido un aviso temprano, de alerta para el Gobierno Estatal como Federal, por lo que espera que tomen con seriedad esos llamados.
El legislador recalcó su preocupación por las denuncias públicas, ya que es una especie de alerta temprana en donde el problema es que a veces la respuesta del equipo gubernamental es la inacción hasta que hay una tragedia.
En el caso de los desplazados del ejido Puebla, que han permanecido por lo menos en cinco lugares diferentes en estos cuatro años, Araceli expone que los alimentos no son entregados de manera puntual, no hay medicinas ni médicos, que atiendan a estas personas y ello se ve reflejado en que en los campamentos ha muerto un bebé, y una niña de 12 años, por estos factores.
Es la Secretaría de Protección Civil quien en teoría debería velar por la integridad de los ciudadanos chiapanecos, a pesar de ello, esta casa editorial, a lo largo de una semana, buscó información con el área de Comunicación Social de la dependencia estatal para conocer el suministro que vendrá de recursos para los siguientes meses, sin embargo, la petición no fue atendida.
Fue por esta y otras razones que el 14 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el incumplimiento de medidas cautelares para más de cinco mil personas en Chalchihuitán y Chenalhó, que fueron desplazadas por “conflictos territoriales y de seguridad”, y que no estaban recibiendo los apoyos.
“El organismo nacional constató que no llega con suficiencia ni se brinda con oportunidad la asistencia humanitaria, alimentación y atención a la salud que las personas desplazadas necesitan y, de manera particular, no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para que su integridad y vida no estén en riesgo, ya que, según refieren, por las noches personas armadas las acosan, disparan y queman sus viviendas”, remarca el documento.
A ese escrito se suma otra recomendación del 16 de enero de 2019, que emitió el organismo autónomo. En ese momento se contabilizó a 971 personas desplazadas de Chenalhó, debido a que no contaron con seguridad pública y con la prevención de los delitos.
Teniendo un contexto de 50 años de desplazamientos se emitió la recomendación de un registro en una base de datos para conocer en qué condiciones se encuentran dichas personas; sin embargo, eso no ha ocurrido porque hasta el momento se desconoce el número total de personas desplazadas en todo Chiapas.
Los otros desplazados
En el caso de la entidad sureña, el desplazamiento de la población ha sido multifactorial. Existen casos por fenómenos naturales como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y deslaves de gran magnitud; proyectos de desarrollo, particularmente hidroeléctricos, que han desplazado a pueblos y comunidades enteras.
Uno de los casos más conocidos y quizá más recordados por la memoria colectiva es el de los desplazados por la erupción del Volcán Chichonal.
Para la comunidad zoque, el 28 de marzo de 1982, nunca se olvidará, este suceso natural afectó más de 30 mil hectáreas de tierras campesinas cultivadas con maíz, café y ganado, con un daño superior a los 117 millones de dólares, además de un saldo de muertos de dos mil personas y el desplazamiento de 22,351 personas de siete municipios aledaños.
Eduardo Hidalgo Mellanes, escritor e investigador del tema, mencionó que a 38 años de este suceso, las familias desplazadas, en especial las personas mayores, no se sienten en su casa, por lo que han desarrollado enfermedades y, en particular, un vacío por nunca volver.
La erupción del volcán Chichonal sepultó a 12 poblados zoques como la cabecera de Magdalena, hoy conocido como el municipio de Francisco León y ejidos de Chapultenango, que provocó la muerte de más de dos mil personas, entre ellas, la del alcalde, Rodimiro Ramírez Estrada.
Hidalgo Mellanes comentó la historia de Ramírez Estrada, quien mencionó que fue un presidente municipal que murió por su gente, ya que lo primero que hizo fue sacar a toda la gente y el se quedó sepultado por la ceniza.
La intensidad de la erupción se calculó entre 40 y 50 megatones (las bombas de Hiroshima y Nagasaki “apenas” tuvieron una potencia de 13 kilotones). Hacía más de 11 mil años que en el territorio no se presentaban erupciones de esa magnitud, por lo que a la fecha se considera el evento más importante en su tipo en la historia de México, informaron autoridades gubernamentales.
En este caso concreto, el Gobierno del Estado compró terrenos en diferentes municipios del estado para donárselo a los zoques, el más conocido fue en Nuevo Carmen Tonapac, Chiapa de Corzo; seguido de Nueva Esquipilas Guayabal, Rayón; Quitambal, Villaflores; Vicente Guerrero en Acala; en la Selva Lacandona; y en la misma capital chiapaneca.
Hidalgo Mellanes comentó que este suceso puede ser catalogado dentro de los primeros desplazamientos forzados documentados de la historia de Chiapas, ya que la erupción tomó una magnitud tan grande por las víctimas mortales y del desplazamiento.
En cualquiera de las causas de desplazamiento ha quedado demostrado que el país y el estado no están listos para atender este grave problema, desde la parte institucional, hasta la entrega de ayuda humanitaria.
Por ello, el número de desplazados continúa creciendo, el estado administra el fenómeno y los exiliados dentro de su mismo territorio siguen muriendo lejos de casa.
