Aunque el desplazamiento forzado interno (DFI) y la desaparición de personas suelen ser estudiados de manera aislada, ambos fenómenos representan injusticias territoriales que mantienen patrones de cercanía y coincidencia con territorios donde se desarrollan actividades económicas extractivistas y existen condiciones de desigualdad socioeconómica, señaló la académica de la Universidad Autónoma de México (UNAM), América Alejandra Navarro.
Durante el foro “Pueblos y fronteras 2026”, la investigadora expuso que entre 2010 y 2024 el número de municipios de Chiapas donde se ha registrado desplazamiento forzado interno pasó de 41 a 62.
Detalló que seis de las 13 concesiones mineras ubicadas en el Soconusco coinciden de manera especial con zonas donde se ha presentado este fenómeno.
Navarro señaló que, al igual que la desaparición de personas, el desplazamiento forzado interno ha registrado incrementos durante gobiernos tanto de derecha como de izquierda, por lo que puntualizó que se trata de un fenómeno que “va más allá de los partidos políticos”.
Minería, con reciprocidad negativa
La ponente recordó que entre 2012 y 2014 empresas mineras exportaron desde Puerto Chiapas más de 103 mil toneladas de ilmenita con destino a China, actividad que, afirmó, representó una riqueza que no permaneció en las comunidades, pero sí dejó una “reciprocidad negativa”.
Entre las consecuencias mencionó la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y afectaciones a la salud de la población, al señalar que 22 por ciento de los habitantes de las comunidades presentó algún tipo de cáncer.
Pese a que durante los últimos años se han registrado importantes movimientos de defensa del territorio, estos solo han conseguido suspender las actividades mineras, pero no cancelarlas, lo que mantiene a las poblaciones en una situación de “angustia” ante la posibilidad de que sean reactivadas.
Explicó que los permisos mineros tienen una vigencia de hasta 50 años y agregó que, de acuerdo con su investigación, capitales extranjeros también han recurrido a grupos criminales.
Desaparición
En el caso de la desaparición de personas, la académica identificó una especie de “corredor central” del fenómeno, que inicia en Frontera Comalapa, continúa por La Trinitaria y Comitán, y llega hasta San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. También subrayó que la densidad de desapariciones coincide en especial con las coordinaciones de la Guardia Nacional (GN).
“No estoy afirmando de ninguna manera que sea una relación causal directa, trabajamos con datos oficiales, que tienen sus propios límites, pero me parece que la estrategia de seguridad y militarización merece ser replanteada”, afirmó Alejandra Navarro.
Por otro lado, encontró que la mayoría de las personas desaparecidas son varones en edades productivas, sobre todo de entre 15 y 39 años, y que habían alcanzado únicamente niveles de educación básica.
Indicó que este comportamiento refleja cómo las desigualdades socioeconómicas terminan traduciéndose también en desigualdades socioespaciales.
