La Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) presentó su informe “Transformación militarizada, derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México”, con el fin de visibilizar el aumento de efectivos del Ejército en espacios civiles.
WOLA, organización dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en el continente, informó de la práctica de despliegue militar que se ha vuelto un modelo permanente. Ello se debe en gran medida a costa de priorizar otras estrategias e impulsar instituciones de seguridad y justicia.
Dentro del informe recordaron la estrategia implementada en Chiapas por el tema migratorio. En marzo de 2021 el gobierno mexicano envió un considerable número de elementos del Ejército y la Guardia Nacional con el objetivo de detener el creciente flujo migrante.
En ese momento, autoridades municipales, estatales y federales dieron inicio a un operativo sanitario para evitar el contagio del virus por covid-19 en la frontera sur. “Para prevenir la propagación del covid-19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021 restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en la frontera norte y sur del país”, precisaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento.
De forma puntual, la Oficina demostró su preocupación por el crecimiento de las facultades y poder por parte de las fuerzas armadas, quienes no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación.
“La actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente, pero revertir ese proceso y apostar por instituciones civiles es necesario para fortalecer el Estado de derecho. Mientras tanto, durante el periodo que dure el despliegue militar en tareas policiales es fundamental que el Estado instale controles civiles eficaces sobre su actuación”, explicaron.
Sobre detenciones
El WOLA exhibió las discrepancias de una magnitud considerable entre el número de detenciones militares reportadas directamente por las fuerzas armadas y el número de detenciones militares reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a partir del Registro Nacional de Detenciones (RND).
La Secretaría de Marina (Semar) indicó que no cuenta con información sobre su participación en el RND. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que no registra sus detenciones en el RND. Esto ocurre aún cuando las fuerzas armadas están obligadas a registrar sus detenciones en el RND por la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
No obstante, la Sedena reportó al WOLA que un total de siete mil 370 personas fueron detenidas en flagrancia delictiva por su personal en 2022, y la Semar reportó un total de mil 996; sin embargo, la SSyPC, quien opera el RND, informó que personal militar (sumando Sedena y Semar) detuvo a solamente dos mil 066 personas en 2022.
Mientras tanto, para el periodo del 1 de febrero al 22 de mayo de 2023, la Sedena reportó haber detenido a dos mil 993 personas. La SSyPC informó, con base en el RND, que en el mismo periodo, solamente 427 personas fueron detenidas por personal militar.
Por último, la WOLA recomendó garantizar que la Sedena y la Semar cumplan todas las obligaciones legales aplicables a cualquier otra fuerza de seguridad en materia de salvaguardas contra graves violaciones de derechos humanos. Esto incluye transparentar la información sobre el uso de la fuerza requerida por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.