En el marco del ciclo permanente de conferencias del posgrado en psicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, la doctora Perla Shiomara del Carpio Ovando expuso los hallazgos de una década de investigación sobre los factores de riesgo de la minería artesanal del ámbar en Chiapas.
La doctora precisó que son varias dificultades a las que se enfrentan los mineros, principalmente a las condiciones laborales y riesgo por derrumbes (especialmente en temporada de lluvias), exposición a gases tóxicos, oscuridad, calor extremo y falta de oxígeno en minas. Estas condiciones han provocado mutilaciones, lesiones incapacitantes e incluso fallecimientos.
También hay alto riesgo de afectaciones a la salud física y mental con movimientos repetitivos; al picar rocas generan afectaciones músculo esqueléticas en zonas como la columna vertebral, hombros y manos.
Además, se reportan casos de claustrofobia y alteraciones psicológicas por la pérdida de noción del tiempo en espacios subterráneos.
Una alta vulnerabilidad social con la informalidad laboral y pobreza extrema, agravan los riesgos. Incluso niños participan en toda la cadena productiva (extracción, transformación y comercio), enfrentando barreras como el monolingüismo tsotsil y el analfabetismo.
La doctora del Carpio vinculó la crisis del sector con la migración creciente. Entre 2012 y 2015, la alta demanda asiática impulsó un “boom” extractivo, pero su posterior declive y la pandemia (2020-2022) provocaron el cierre de minas y el desplazamiento de mineros hacia centros turísticos o Estados Unidos.
Destacó que Simojovel, por ejemplo, pasó a ser uno de los diez municipios chiapanecos con mayor recepción de remesas. La experta, reconocida con premios estatales, nacionales e internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II), enfatizó la urgencia de formalizar esta actividad para proteger la vida y salud de las comunidades indígenas involucradas.
Además subrayó la necesidad de un abordaje transdisciplinario e intersectorial, que inicie con una evaluación de las minas activas, cantidad de mineros y montos de extracción para diseñar políticas públicas. Así como implementar protocolos de seguridad, regular la exportación de ámbar y garantizar acceso a servicios médicos.
