Publicado el miércoles 25 de abril de 2001La reciente masacre de ocho campesinos en Venustiano Carranza se derivó de un conflicto agrario y no político como lo pretenden hacer creer el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el secretario de Gobierno, Emiliano Zebadúa González, aclaró ayer el diputado local por el PRD, Noel Rodas Vázquez.
Consideró que la postura de las autoridades al intentar desvirtuar el origen del multihomicidio es con el propósito de evadir su responsabilidad ya que no le dieron la atención adecuada al caso a pesar de haber sido alertadas de lo que podría ocurrir.
Que no quieran desvirtuar el problema, lo que pasa es que dejaron que las cosas llegaran a su límite y se diera esta emboscada, dijo al mostrar un informe especial en poder de la Secretaría de Gobierno, donde se señala como puntos rojos de alto riesgo los municipios de Altamirano. Ángel Albino Corzo, Frontera Comalapa, Bcosingo, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Venustiano Carranza, Yajalón, Nicolás Ruiz y La Concordia.
Declaración
En conferencia de prensa, el legislador perredista especificó que se trata de un informe especial elaborado por la Coordinación Regional Interinstitucional y entregado por el gobierno anterior al gobierno actual.
Este informe lo tiene la Secretaría de Gobierno, entonces no deben de negar el problema de Venustiano Carranza, dijo sin titubeos.
Incluso, precisó que había una mesa de atención denominada Carranza y minutas firmadas, a las cuales no se les dio seguimiento adecuado, “entonces hubo falta de trabajo político”.
Además, señaló que el propio Gabriel Gutiérrez Ávila, entonces dirigente del Partido de la Revolución Democrática, participó en una de las mesas de atención del problema agrario entre la Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, por lo que no puede alegar desconocimiento del caso.
“La verdad me da pena y me causa lástima que el gobernador, en lugar de estar atendiendo este problema, ande promoviendo un estado que no esté en paz”, sostuvo contundente.
La posición que no había dado mis compañeros, yo la doy y lamentamos los hechos, insistió el diputado local, luego de hacer un llamado al mandatario estatal y al secretario de Gobierno a que, sin temor, asuman su responsabilidad y acudan a todos los municipios considerados como de alto riesgo, para atender y resolver los problemas.
De lo contrario, alertó que continuarán los problemas, en virtud de que la Alianza San Bartolomé de los Llanos a la cual pertenecían las ocho víctimas de la masacre, insisten en hacerse justicia por propia mano si las autoridades no esclarecen el caso y caigan a los responsables.
Agresiones mutuas
El informe especial que Rodas Vázquez mostró a los medios de comunicación señala que la Casa del Pueblo, a nombre de la Comunidad, insiste en recuperar los 4 millones 776 mil pesos producto de la aportación que hizo la Comisión Federal de Electricidad como indemnización por expropiación de terrenos comunales para la construcción de la presa hidroeléctrica La Angostura.
Al leer el documento, el diputado perredista señaló que con la finalidad de presionar sobre esta demanda, los de la Casa del Pueblo se posesionaron de 35 predios ubicados en la margen del Río Blanco, con una superficie de mil 121 hectáreas, en su mayoría tierras de buena calidad.
“Hoy en día, la Alianza San Bartolomé de los Llanos exige el reconocimiento de la posesión de 20 mil hectáreas de terreno en la comunidad. Por su parte, la Casas del Pueblo ha rechazado desde la división de la comunidad agraria, la organización de subcomunidades y la propia conciliación con la alianza”.
“Esta diferencia ha llevado a las partes a acusaciones mutuas sobre brecheo, construcción de viviendas, apertura de tierras y agresiones físicas, esto conlleva sin duda alguna a la búsqueda de un control político en la comunidad, no obstante las diversas acciones implementadas por el gobierno a principios del año en curso, en el 2000, nuevamente se genera por parte de la Casa del Pueblo la expulsión de 76 familias representadas por José María Hernández, misma que a la fecha es renuente a suscribir un acuerdo que conlleve a la solución definitiva del conflicto”.
Aunado a esto, Rodas Vázquez afirmó que el 14 de marzo del 2000 se estableció la denominada Mesa Carranza. “Sí había una mesa de trabajo, lo que pasa es que no le dieron seguimiento adecuado, eso fue lo que pasó”.
Por todo ello, insistió en que lo expresado por las autoridades en los medios de comunicación, en el sentido de que no es un problema agrario, sino político, es para evadir su responsabilidad.
En este caso, precisó que hay una omisión de autoridad, “puesto que este informe está desde octubre del año 2000 en manos de la Secretaría de Gobierno”.
Señaló que ante esta omisión de autoridad, el gobernador Salazar Mendiguchía y el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González deben hacerse acreedores a lo que establezca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
