El desplazamiento interno forzado ocasionado por la violencia, ha pasado de ser un secreto a voces, a ser un hecho reconocido por las autoridades, y de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) que dio a conocer el “Perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia”, el estado es pionero en la implementación de leyes en la materia.
“Dicho reconocimiento ha sucedido a la par de una propuesta de adecuación del marco institucional y normativo federal, con la finalidad de atender las situaciones de desplazamiento”, destaca el informe, donde puntualizan que ambas aún no han sido reglamentadas.
El informe detalla que en el estado la mayor parte de quienes cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, de las cuales en su mayoría son mujeres, predominando un alto porcentaje de viudas, además de una fuerte pertenencia de población indígena, con estimado total de 11 mil 936 personas que se desplazaron desde el 2010 a la actualidad.
A la par, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer otros datos que contrastan con los oficiales de la Conapo, pues destacaron que del 2010 al 2021, tan sólo en la región de Los Altos de Chiapas y en la zona Norte documentó 14 mil 776 víctimas del fenómeno a causa de grupos armados ilegales y por conflictos armados internos.
Cifras que de acuerdo al Frayba, expone a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad con respecto a su salud, alimentación y vivienda, poniendo en riesgo la vida de las personas.
A su vez que existe un rompimiento en su tejido social debido a las situaciones de violencia prolongada, logrando que la migración a otras ciudades genere una ausencia de su cosmovisión indígena, provocando una pérdida cultural, además de recrudecer los índices de pobreza.
