Líderes empresariales chiapanecos consideraron que la detención de Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, sienta un precedente de que en la actual administración todo acto de corrupción será castigado conforme a la ley.
Rosario Robles es acusada de ejercicio indebido del servicio público, por lo que recibió prisión preventiva justificada derivado de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con supuestos desvíos por 5 mil 73 millones de pesos cometidos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), manifestó que como empresarios y como sociedad lo único que piden a las autoridades federales es la aplicación de la ley, como debe ser para todas las personas que infringen las normas.
Si se determina que tiene una responsabilidad en los delitos que se le imputan, tiene que recibir la sanción que marca la ley. “Si cometió un ilícito, tiene que pagar por él, o bien, argumentar lo que a su derecho corresponda y solventar las observaciones que tenga”.
Dijo que debe ser una función permanente del gobierno y las autoridades investigar todo acto de corrupción, ilícito y cualquier acto que viole la ley en todas las esferas sociales y del poder, como en este caso.
Enfatizó que los recursos públicos deben ser revisados, auditados y transparentados, y de haber responsabilidades por mal uso, aplicar las sanciones correspondientes. La ley ya existe, simplemente hay que aplicarla.
Por su parte, Isaías Alfaro Castellanos, presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), comentó que este hecho manda un precedente de que es posible hacer cumplir el estado de derecho a cualquier persona de cualquier esfera social o del poder, y que a partir de ahora todos los funcionarios tienen que hacer las cosas bien para no tener consecuencias.
Indicó que todos los niveles de gobierno deben garantizar la aplicación de la ley, sobre todo si un trabajador o funcionario incurre en actos ilegales, debe asumir las consecuencias.
El empresario apuntó que es importante que las autoridades de impartición de justicia cuiden el debido proceso, para investigar si hay o no responsabilidad de Rosario Robles en los actos que se le imputan, para que no comentan fallas que echen abajo cualquier prueba con la que cuenten.
El Poder Ejecutivo está haciendo su parte y ahora le toca al Poder Judicial hacer lo propio para garantizar la justicia, ya que anteriormente habían ciertas omisiones, intencionadas o no, que perjudicaban estas cuestiones.
