"Carlos Herrera * CP. El abogado Miguel Ángel de los Santos dijo que la detención del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ""constituye un acto de justicia necesario"", que fortalece la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones públicas.
""Si el ex Gobernador incurrió en malversación o aprovechamiento para fines particulares de los fondos públicos, debe ser enjuiciado, castigado y condenado a la devolución de esos recursos"", consideró.
El abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNACH, dijo que ""la detención conlleva un aspecto adicional, y es que constituye una medida disuasiva de futuras conductas de corrupción. La sociedad debe confiar en la pulcritud del ejercicio público, y conductas como las que se le imputan al ex Gobernador, deben ser firmemente castigadas porque además de inmorales, constituyen delitos que afectan el patrimonio del Estado y dañan directamente al pueblo"".
De los Santos mencionó que la sociedad chiapaneca se encuentra ahora a la expectativa del desarrollo del proceso penal que se le inicie al ex Gobernador, no sólo por los hechos relacionados con la adquisición de pólizas, sino por la desviación de los fondos para aliviar la suerte de quienes resultaron afectados por el huracán ""Stan"" en octubre de 2005 en 41 municipios.
""Las víctimas del fenómeno natural resultaron defraudadas por la administración de Salazar al no recibir los recursos que aliviarían su situación, lo que les condenó a vivir bajo condiciones indignas"", puntualizó.
Por otra parte, agregó, ""con la detención del ex Gobernador se provee una justicia adicional a todas aquellas personas y organizaciones que fueron agraviadas por su política autoritaria y represiva"".
""Debemos recordar que tan sólo en la represión contra los estudiantes de Mactumactzá, en el año 2003, fueron detenidos 177 estudiantes campesinos acusados de motín, secuestro y delincuencia organizada. Antes y después fueron también encarcelados maestros, campesinos, periodistas, entre otros. En todos estos casos de detención se presentaba una constante: la violación de los derechos humanos y la actuación al margen de las reglas del debido proceso. Fui el abogado en muchos de estos casos y constaté la incomunicación con que se castigaba a los detenidos"", sostuvo.
""De modo que, ahora que el ex Gobernador se encuentra en prisión preventiva, se le deben observar escrupulosamente los derechos que él nunca respetó, pero debe ser firmemente castigado por los delitos que se le comprueben. La sociedad no espera menos"", concluyó el abogado.
"
