Personal de la delegación de Transporte aseguró este viernes una unidad que circulaba de manera irregular bajo la supuesta protección de un amparo, ésta daba servicio de transporte colectivo. Al momento de la detención llevaba tres pasajeros y cubría la ruta San Jorge-Mercado San Juan en Tapachula.
La unidad pirata fue detenida en la 4ª avenida Sur a la altura de la Facultad de Ciencias Químicas de la Unach, durante un operativo contra el transporte irregular.
El grupo de transportistas irregulares pretendia sorprender al juez presentando un acuerdo intersecretarial firmado por un funcionario, sin tener la capacidad para hacerlo, y por lo tanto carece de legalidad, además de presumir que esas unidades están dando el servicio público de manera regular, lo que carece de veracidad.
Las acciones de verificación que realiza la dependencia como parte de la regularización y legalidad de las unidades que prestan servicio público de pasaje, permitieron asegurar esta unidad marcada con el número económico 06, propiedad de la sociedad cooperativa “11 de Septiembre del 2001”, que no cuenta con la reglamentación necesaria para dar el servicio y que fue trasladada al corralón.
Los transportistas concesionados, inconformes contra las unidades irregulares, señalan que la autoridad debe dar certeza a los pasajeros, y a quienes pagan sus impuestos y cumplen con la ley, toda vez que en las distintas rutas urbanas donde pretenden colocar esas unidades, bajo el supuesto amparo, se cuenta con suficiente parque vehicular en la modalidad de colectivos.
Tras el intento de la puesta en circulación de esas unidades, los concesionados exigieron a la autoridad poner orden para evitar las confrontaciones, hasta que en su momento la misma autoridad conforme los órganos técnicos, se den los estudios de factibilidad y haya condiciones para el concesionamiento.
Exigieron verificar los supuestos amparos con los que pretenden prestar servicio esas unidades sin concesión, con vehículos particulares y sin pagar impuestos.
Piden además sancionar en caso de comprobarse la participación de funcionarios que han contribuido a obtener el amparo de manera ilegal.
