"Notimex * CP. El titular del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad, José Luis Maldonado Toledo, señaló que la deuda que la administración pasada heredó al organismo es de alrededor de 120 millones de pesos.
En entrevista, el responsable del comité encargado de la distribución del vital líquido en la segunda ciudad más grande de la entidad, puntualizó que ese adeudo es sin contar laudos y otros juicios mercantiles y civiles.
Recordó que en octubre -hace poco más de tres meses- recibieron al organismo ""bajo condiciones económicas, laborales y financieras muy lamentables, con grandes vicios en el personal y actos impunes de corrupción"".
No dejaron documentos y los sistemas de cómputo estaban en blanco, y que por ello se contrató a especialistas para rescatar la información y precisar lo ocurrido, añadió.
Reportó que hace tres meses, 35 mil de los 68 mil usuarios del organismo tenían un adeudo que superaba los 40 millones de pesos, y por ello se dieron a la tarea de investigar los motivos que había para que existiera esa cartera vencida.
Se detectó que muchos deudores son ex funcionarios estatales y municipales de varias administraciones, así como legisladores, empresarios y hasta trabajadores del comité, quienes aparecieron en una base de datos denominada ""Cartera de usuarios incobrable"", acusó.
También se encontró otra base de datos en la que se supone los usuarios pagaban de manera oportuna sus recibos pero no aparecen en la lista de facturación.
Por lo mismo, se inició una serie de procedimientos jurídicos que permitió que al menos unos cinco mil morosos se presentaran en diciembre a pagar cerca de un millón de pesos, aunque faltan otros 30 mil usuarios, añadió.
En tres meses, según el funcionario, el comité cumplió con disposiciones de Hacienda, Seguro Social, Infonavit, nóminas y aguinaldos de más de 300 trabajadores, por un monto de unos 4.5 millones de pesos, así como con otras responsabilidades financieras.
Además, expuso que las auditorías les permitieron detectar más de 236 personas que cobraban sueldos al mes de 20 mil a 60 mil pesos sin presentarse a laborar.
Junto con esas anomalías, el organismo se encuentra en defensa jurídica de unos ocho millones de pesos, derivada de cerca de 50 laudos, además de multas y recargos de Hacienda y otras instituciones, concluyó.
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