Hace 18 años los ciudadanos del Distrito Federal no podían elegir a sus autoridades inmediatas. El encargado del Departamento del DF era nombrado por el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa no existía, por lo cual la ciudad no podía elaborar sus propias leyes. Las consecuencias eran la desatención de los servicios públicos y la incapacidad gubernamental para responder a los conflictos sociales. Desde 1993 el Distrito Federal se ha ido separando del gobierno central, pero la autonomía económica y política está aún lejos de cumplirse, en perjuicio de sus habitantes.
Ayer, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, exhibió un ejemplo de injusticia.
Como todas las entidades, la capital del país recibe dinero, principalmente, de las participaciones federales. Depende casi por completo de la asignación presupuestal que le otorga año con año la Cámara de Diputados. El problema es que ese cálculo se realiza con base en la cantidad de población y su crecimiento en cada territorio, fórmula que, justamente en el caso del DF, resulta perjudicial. Por un lado, porque la tasa de natalidad en la capital es menor al del resto del país y la migración desde otros estados ya no es tan importante como en el siglo XX. Por otro, no se considera una característica propia de las grandes ciudades: la movilidad. Miles de personas viajan todos los días a la ciudad de México desde localidades contiguas para trabajar, asistir a la escuela, recibir atención médica, entre otras actividades. Dar servicios como transporte subsidiado a esas personas le cuesta 14 mil millones de pesos a la capital del país.
La iniquidad se exacerba porque más de la mitad de los ingresos que recaudó el gobierno federal en 2009 provinieron del DF, en tanto que sólo recibió el 6.8% de las participaciones federales.
Para colmo el Distrito Federal sufre pérdidas económicas derivadas de albergar edificios federales que no pagan impuestos. Y es, para desgracia de automovilistas y transeúntes, sede nacional de toda clase de protestas, marchas y plantones derivados provenientes de otros estados de la República y que generan pérdidas económicas.
Sin importar qué partido político gobierna el Distrito Federal, sus ciudadanos merecen gobiernos y derechos políticos a plenitud. La reforma podría incluso ser un modelo a seguir para el resto de las entidades, más atrasadas en transparencia y rendición de cuentas. Una legislación que dote de autonomía a la capital podría servir también para sujetarla a la fiscalización de organismos autónomos, por ejemplo. Más recursos mejor regulados, ese es el principio a seguir. (El Universal)
