La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el viernes pasado un presupuesto para el ano 2006 que complace al gobierno capitalino, pero que siembra desazón entre quienes se verán obligados a pagar más impuesto predial sin ver que se atiendan a fondo los problemas mayores de la ciudad capital de la República. La Asamblea se impuso por el peso de la mayoría de los votos perredistas, el tan criticado mayoriteo de antes, sin los necesarios equilibrios. Pero despertó suspicacias respecto de sus procedimientos legislativos, es decir, sin estudios de respaldo técnico ni de impacto social; dejando la impresión de realizar un trabajo a la ligera, sobre las rodillas. Así, los legisladores quedan en una plataforma frágil, particularmente expuestos en un ano de elecciones federales. Para sus críticos, el presupuesto dará mucho que decir en esta coyuntura electoral. En el mar de números, que rebasan los 185 mil millones de pesos, es imposible ver cuánto de ese caudal va a tocar los problemas fundamentales del Distrito Federal. La Asamblea tendría que haber trabajado con mayor rigor, asistida por un cuerpo de asesores probados en la administración pública, y por supuesto con transparencia para dar plena legitimidad a sus decisiones.
El gobierno del Distrito Federal dispondrá el ano próximo de casi 20 mil millones de pesos para la seguridad pública y la procuración de justicia, que en términos generales representan apenas 15% del gasto total. A los ciudadanos interesa el énfasis en esa materia, cierto, pero esto no se agota en el gasto público. Sobre todo, se necesitan claridad en la estrategia y mejores funcionarios en el área judicial, con mayor capacitación y formación ética.
La revaloración predial para obtener incrementos en la recaudación va a representar una merma en el patrimonio de la gente que ya hizo un esfuerzo para vivir mejor. Sería conveniente ver si para el efecto los legisladores calcularon los efectos posibles en la economía de los contribuyentes, de todos los niveles socioeconómicos, de por sí deteriorada por la pérdida acumulada de poder adquisitivo. Es inevitable recordar cómo en tiempos de Antonio López de Santa Anna se establecieron impuestos hasta por abrir ventanas. Pero ante todo, cabe preguntar si a esta pretensión de aumentar el predial corresponderán mejores servicios de alumbrado, recolección de ba-sura y de seguridad pública. Impuestos de primer mundo, zsignificarán también servicios de primer mundo?
Las decisiones de la Asamblea supusieron de la misma forma disminución de recursos para organismos autónomos como la Universidad de la Ciudad de México y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). En este caso es preocupante que, en una coyuntura de relevo sexenal del jefe de Gobierno, de legisladores, de jefes delegacionales, y ante el próximo nombramiento de nuevos titulares del IEDF, la Asamblea haya decidido recortarle el presupuesto. En medio de los problemas que agobian a los capitalinos, la Asamblea tiene que aplicarse a transparentar su desempeno le gislativo, dejando al margen sus pugnas partidistas y poniendo en lo más alto de sus prioridades el interés supremo de los habitantes del Distrito Federal. El presupuesto tiene que ser ampliamente difundido y en términos que los capitalinos entendamos, porque una ciudadanía mejor informada, sin duda, es requisito para una mayor participación de la misma en la necesaria colaboración que requiere el gobierno local. (El Universal).
