Desde que fue planteada la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, encontró una fuerte resistencia de quien gobernaba entonces la ciudad.
Ahora esa reticencia se ha transformado en desesperante morosidad de las dependencias y organismos descentralizados para cumplir a cabalidad con las obligaciones de transparentar la función pública y atender con diligencia las demandas de información.
En su primera sesión informativa, el Instituto reveló que 46 de 69 entidades obligadas por la Ley de Acceso a la Información no la cumplen o lo hacen a medias. Es decir, 66 por ciento de las entidades, exactamente las dos terceras partes, encuentran modos de eludir su responsabilidad o ponen trabas a quienes les solicitan información, como exigirles identificaciones sin que sea obligatorio presentarlas.
La evolución democrática de México ha convertido tanto el acceso a la información oficial como la transparencia en útiles e indispensables instrumentos que permiten a los ciudadanos, a los estudiosos y a los especialistas ejercer una libre supervisión de los actos de gobierno. Mucha de la información disponible ha saltado a las primeras planas de los diarios y ha permitido advertir vicios y deformaciones, que por ello han sido corregidos.
El escamoteo de información, que debe ser pública, suscita de inmediato sospechas de que se trata precisamente de ocultar comportamientos irregulares o manejos indebidos de los bienes y recursos oficiales. Esa actitud no contribuye a hacer diáfana la función pública ni a fortalecer la confianza en los empleados y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.
En un sistema democrático, el acceso a la información y la transparencia son elementos indispensables para combatir la corrupción y detectar cualquier desvío en la conducta de los servidores públicos.
Una sociedad bien informada está mejor dotada para cumplir con sus deberes y comunicarse y entenderse con sus servidores públicos. Los escollos para que la información fluya sólo pueden obedecer a instrucciones superiores con el fin de conservar secreto lo que es de todos, o a una absoluta falta de conciencia de quienes no entienden que la vida democrática exige franquear la entrada a los recintos oficiales con el propósito de verificar que lo que allí sucede es lo correcto y apropiado para la comunidad.
La revelación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal amerita una rápida reacción del gobierno que hoy encabeza Alejandro Encinas para desbrozar el camino del entendimiento social.
La circunstancia de que el anterior jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, sea hoy candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, PRD, es una razón de más para que se cancelen los secretos y se permita el acceso a la información oficial.
No hacerlo, daría a entender que se guardan en reserva manejos y decisiones que podrían poner en predicamento su prestigio de funcionario y de político.
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal nació entre resistencias, pero ahora debe cumplir su cometido con libertad. (El Universal)
