"Después de 15 días del enfrentamiento entre los colonos de San Salvador Atenco que militan en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, la Secretaría de Gobernación anunció, a través de su Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que prepara un diagnóstico de lo que sucedió ahí porque, asegura, existen ""indicios sólidos"" de que granaderos habrían incurrido en violaciones graves a los derechos humanos.
Sorprende que la dependencia encargada de velar por la gobernabilidad del país reaccione tan lento ante hechos que vienen suscitándose desde hace dos semanas, pues, según esto, apenas revisará acontecimientos que nunca debieron haber ocurrido, pero que además se han documentado con profusión durante todos estos días. Evidencias y testimonios de lo que pasó tienen muchos días ventilándose en los medios de comunicación, y los relatos de lo que sucedió con los detenidos en el trayecto a los centros de reclusión merecían una investigación inmediata, por su gravedad. Quizá esos sean algunos de los ""indicios sólidos"", que dice Gobernación tener para iniciar su diagnóstico.
Tiene razón la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México cuando asegura que el uso desproporcionado e indebido de la fuerza en Atenco, por parte de los servidores públicos, ""demerita el respeto y la efectiva realización de los derechos humanos en el país e impacta de manera negativa en la vigencia del estado democrático en México"".
Es reprobable y reprochable que fuerzas policiales actúen con tal desenfreno y en total desapego al estado de derecho, pues eso sólo revela falta de preparación, capacitación y, lo que es peor, carencia de mística de pertenencia a una institución de la República. Todo el peso de la ley debe recaer sobre los culpables de los excesos y sobre quienes han solapado su bárbara actitud en aras de tapar el sol con un dedo, y justificar sus agresiones con el hecho de que actuaban para restablecer el orden perdido en aquel municipio.
Nada puede atemperar la indignación nacional e internacional producto de las escenas de violencia protagonizadas aquellos días por las partes en conflicto, pero menos aún en las fuerzas del orden, supuestamente capacitadas para cumplir su trabajo con estricto respeto a los derechos humanos.
El seguimiento de la Secretaría de Gobernación para atender el caso deberá informarnos de la verdad y buscar el apego a la justicia; pero antes que eso, es función de esta dependencia prevenir que situaciones como esas no ocurran, porque la gobernabilidad no sólo es producto de lo que hagan en sus ámbitos locales, estados y municipios sino, sobre todo, de un efectivo trabajo de negociación en aquellos conflictos que se convierten en focos rojos para la paz social y para la seguridad nacional.
Urge que Gobernación encabece una cruzada por el diálogo y la negociación en el país, principalmente ante problemas complejos y dirigido a grupos agresivos, porque una intervención oportuna puede evitar la explosión de fuerzas violentas muy difíciles de sofocar. (El Universal)
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