Las diferencias partidistas o políticas que se están presentando en los pueblos originarios de la entidad, provocan que los desplazamientos forzados incrementen y las víctimas tengan que dejar sus hogares para que los daños físicos no sean mayores, puntualizó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku‘untik.
Como un ejemplo de esta situación, dijo, es la experiencia que han vivido 16 personas que componen tres familias del paraje Shulvó, del municipio de Zinacantán, quienes fueron sacadas de sus comunidades y hostigadas por un grupo de personas que simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por tal motivo, los agraviados promovieron un juicio de amparo, representado por cinco de todas las personas desplazadas, con el fin de que las autoridades estatales realizaran acciones vinculadas con la entrega de alimentos, vivienda, cobijo y vestimenta.
Estas familias (que forman parte del municipio autónomo denominado Vicente Guerrero) en el 2015 fueron corridas de sus comunidades, y con el paso de los meses se refugiaron en San Cristóbal de Las Casas, toda vez que el pequeño patrimonio que habían construido fue destruido por los victimarios.
Dos años después de que ocurrió dicha situación, el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, que dirige Cadenas Gordillo, comenzó la asesoría jurídica para buscar justicia para los desplazados. Hace unos días un juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales falló a favor de las víctimas.
En la resolución se ordena a las instituciones de Chiapas a que entreguen dos cheques a favor de Claudia Ruth Vázquez Trujillo y María Gómez Gómez, con 38 mil 196 y 48 mil 684 pesos, respectivamente. Ese dinero se utilizará para la atención básica de las familias.
