Una demanda interpuesta, ya sea por el sector empresarial o por cualquier otro, en representación del pueblo en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puede realizarse, pero que proceda y sea efectiva es difícil, según indicó Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados.
Manifestarse dentro de la ciudad, pese al entorpecimiento del libre tránsito del resto de los ciudadanos es un derecho constitucional, pero el bloqueo de carreras constituye un delito denominado “ataque a las vías de comunicación”, según detalló el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, quien recordó que toda manifestación debe ejercerse dentro de los lineamientos de la Ley.
Aunque la CNTE sea responsable de los bloqueos y de las pérdidas económicas que han tenido tanto el sector empresarial como el resto de la ciudadanía desde diversos ángulos, la demanda sería complicada de llevarse a término.
En primer instancia tendría que especificarse que los demandantes representan solo al sector empresarial o a todo el social, luego definirse si la demanda sería contra el sindicato de trabajadores, contra el Comité Directivo o contra cada trabajador miembro de la Coordinadora, en este sentido la posibilidad de una demanda colectiva se torna más complicada.
De cualquier forma la demanda puede servir como un llamado de atención para la aplicación de normas jurídicas. La demanda puede ser penal o civil, ya que de este último tipo han sido los daños. Así como es muy difícil cuantificar las afectaciones y lo que han provocado, también sería aventurado realizar una demanda colectiva y que todo el pueblo se una a ella.
Servando Cruz Solís explicó que en todo caso la demanda debería interponerse contra el Estado, particularmente las dependencias que les compete: SSP y Procuraduría de Justicia del Estado, tanto local como federal, ya que es este el encargado de asegurar la paz y tranquilidad a la ciudadanía, la CNTE, en todo caso, es corresponsable.
Dado que es el estado es el que debe de brindar todos los elementos de la seguridad pública, debe encargarse que no se vulneren los derechos humanos que están reconocidos por la constitución y por tratados internacionales que han sido reconocidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), en este sentido Cruz Solís recordó que México está bajo la lupa de diversos países a partir de los numerosos tratados que desde 2011 ha firmado.
