La diputada local Adriana Bustamante Castellanos, a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), resaltó los recortes presupuestales que se avecinan para el 2020 y que también van a impactar al estado de Chiapas.
“Nos pronunciamos a favor de la redirección del presupuesto, así también avalamos la reasignación de más recursos a los programas sociales prioritarios que impulsa el presidente de la República”, externó.
Aunque la legisladora leyó un documento, en ningún sentido hizo hincapié sobre los ajustes que vienen para Chiapas en aportaciones federales, incluyendo el tema agrícola, de comunicaciones y transportes, así como el de educación en materia de infraestructura.
Según la legisladora, sí era urgente ajustar el gasto público en algunos rubros para lograr el crecimiento y desarrollo económico que tanto han anhelado los mexicanos, aunque los propios organismos internacionales han señalado que las expectativas no son tan positivas como las presumen las autoridades federales.
Justificó que pese a las reducciones de dinero que ya se aprobaron, en otras áreas (las enfocadas a programas sociales) se están optimizando los recursos y esto permitirá el alcance de las metas pero con menor dinero.
“Para nadie es un secreto que en el pasado reciente otros gobiernos construían el Presupuesto de Egresos con el objetivo de despilfarrar y saquear los recursos”, apuntó.
Reclamó a la oposición que ahora les preocupa mucho el apartado del ajuste al tema agropecuario, augurando que viene una catástrofe en el campo mexicano; en contraparte, dijo, los opositores se llevarán una grata sorpresa cuando vean que en lugar de crisis habrá un repunte en el tema alimentario.
Aunque la propuesta para el agro mexicano fue de 46 mil millones de pesos y eso significa 30 por ciento menos que el año anterior; no obstante, la legisladora de Morena defendió a su partido que gobierna el país, al mencionar que el 70 por ciento será destinado a los programas de Bienestar.
Finalmente, acusó que en administraciones pasadas, antes de aprobar recursos, exigían porcentajes, diezmos o moches a los proveedores o, en el peor de los casos, los propios funcionarios eran dueños de empresas a las cuales se les otorgaba dinero para prestar un servicio.
