Tras ser acusado de generar inestabilidad política en el municipio de San Juan Chamula, Mario Sántiz Gómez, diputado local, se deslindó de todos los actos de violencia que se han generado en la zona y aseguró que atenderá el llamado que haga el gobierno para aclarar el tema.
En dicho ayuntamiento se han presentado quemas de edificios de partidos políticos, enfrentamientos y la disputa del poder entre el grupo de Ponciano Gómez Gómez, presidente constitucional, y Juan Shilón de la Cruz, quien se autonombra como concejal presidente, pero no tiene la validez del Congreso.
Abordado sobre el tema, Sántiz Gómez comentó que el problema central pasa por la parte económica, generado en el periodo de campaña con la promesa de entregar dinero a los habitantes, pero después no se cumplió.
Sobre las denuncias en su contra, enfatizó: “Las veces que sea necesario yo acudiré al llamado, porque el problema económico de Chamula no surge en la administración del Concejo Municipal”.
Según él, está participando en una mesa de trabajo que encabeza la Secretaría General de Gobierno para dirimir el problema mediante el diálogo.
Justificó que cuando fungió como concejal presidente ya existía una deuda de 207 millones de pesos y que gracias a las gestiones hechas entre obras y artesanías se pagaron 168 millones de pesos.
La problemática se viene arrastrando desde el 2016, cuando las autoridades prometieron siete mil pesos de apoyos a las mujeres e igual cantidad para los hombres.
“De memoria lo tengo el adeudo, de donde surge el conflicto, de donde surge la deuda, yo lo he aclarado las veces que sea necesario”, añadió.
El diputado del PRI aseguró que lo único que quiere es que el municipio esté en paz y haya estabilidad, considerando que se trata de una zona que registra una afluencia turística considerable y esto significa derrama económica.
Consideró que la llegada de un nuevo Concejo Municipal (como se ha pedido de forma insistente) no sería favorable, debido a que el pleito central que tienen los grupos se basa en dinero, es decir, las autoridades tienen que darle otra salida a la diferencia que existe entre los propios habitantes.
