"Los gobiernos estatales y municipales serán los grandes ganadores del Presupuesto de Egresos 2010. Los diputados de la Federación no sólo les aumentaron los recursos, sino que les exentaron de la obligación de comprobar cómo utilizarán ese dinero. Un claro mensaje para quien aún albergaba dudas a propósito de los intereses que se encuentran detrás de los legisladores que se dicen ""federales"" en este Congreso.
Durante muchos años, México fue un país donde el gobierno nacional cobraba más de 90% de los impuestos y ejercía el gasto de más de 80% de los recursos; un error por partida doble. En un correcto federalismo, la responsabilidad de cobrar impuestos y de ejercer el gasto se realiza de forma proporcional entre estados y el gobierno central.
Desde inicios de esta década se buscó modificar tal aberración. Por ello las autoridades locales pasaron a ejercer más de 40% del gasto. Pero a ese beneficio no correspondió la obligación solidaria respecto de las contribuciones. El cobro de los impuestos permaneció como una tarea asignada casi en su totalidad al gobierno federal.
Ahora las cosas se vienen peor: el dinero recaudado por la Federación en provecho de los estados será usado sin que éstos rindan cuentas al contribuyente que les aportó. El artículo 26 de la Constitución faculta al Ejecutivo para controlar y evaluar las políticas públicas emprendidas con recursos de origen federal. Un principio fiscal obvio. Si la autoridad nacional cobra la mayoría de los impuestos (IVA, ISR), es ante sus electores que debe explicar el uso del dinero. Al dejar a las autoridades estatales sin vigilancia, los legisladores están violando la Constitución. Pero eso parece importarles poco. Uno a uno se han asumido como representantes sumisos de los intereses locales, aun si nominalmente cobran su sueldo gracias al escaño federal que les fue otorgado por el elector. (El Universal)
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