En pleno ejercicio de su facultad para asignarse sueldo, gastos y recursos operativos, los diputados federales acordaron un aumento de 18 mil pesos -10 salarios mínimos- a su ingreso mensual, de tal forma que éste asciende ya a 148 mil 466 pesos. La cifra supera a la de la mayoría de los altos funcionarios de la Federación y está muy por encima de lo que perciben otros legisladores en las naciones más ricas del mundo. En México, el salario mínimo es aproximadamente mil veces menor.
Además de lo que financieramente representa dicho aumento para el erario, su procedimiento de asignación tampoco fue transparente. Su aprobación no pasó por el escrutinio del pleno y los diputados negaron dicho incremento cuando El Universal lo publicó el 23 de noviembre pasado. Además, no lo registraron en la página de internet de la Cámara de Diputados sino hasta que ya había trascendido, seis meses después.
Así, los legisladores, por lo general exigentes con la transparencia en la administración pública federal, son pudorosos cuando se trata de incrementar sus propios emolumentos. Porque ni los gastos de asistencia legislativa y atención ciudadana, bajo cuyo rubro se anotan parte de sus percepciones, son demostrables para la mayoría.
El Poder Legislativo no es sujeto de las leyes de transparencia del país, lo que debe corregirse cuanto antes, porque usan y disponen de recursos públicos. La burocracia legislativa es tan intrincada, que permite una discrecionalidad inaudita en su administración y, por lo mismo, fugas de recursos y pretextos miles para aumentar gastos que no van de la mano con las condiciones generales del país ni de la mayoría de los mexicanos que apenas sobreviven con sus magros sueldos.
Los diputados federales, en cambio, además de sus jugosos ingresos mensuales, disfrutan de un seguro de vida hasta por 15 millones de pesos, seguro médico, 70 mil pesos anuales para dentista, 2 mil 800 pesos mensuales para despensa, comida en tiempo de sesiones, pases en autopistas, ocho boletos de avión al mes, gastos de mantenimiento de vehículo, vehículo y chofer de la Cámara, hasta tres oficinas y derecho a cobrar por adelantado hasta 10 meses de dietas, con una tasa de interés de 3%.
Nada de ello va con las proclamas de austeridad y transparencia que suelen propinarnos. Sorprende, asimismo, que no haya bancada partidista que senale dichos excesos. Todas, por lo tanto, están de acuerdo en el dispendio, lo que no habla bien de lo que los partidos políticos entienden por trabajo legislativo.
Urge revisar, dentro de la reforma del Estado, al Congreso de la Unión. Su estructura, su gasto, el número de sus integrantes, si se siguen justificando los legisladores plurinominales, y su transparencia administrativa, porque no es posible seguir con ese gran aparato, que se ha convertido en un barril sin fondo, que no rinde cuentas a nadie.
No podemos aplaudir el beneficio económico que a sí mismos se dispensan legisladores que, para dar un botón de muestra de la calidad de su labor, acaban de ver corregido su trabajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que aprobaron un marco legal improvisado en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, con olvido de las más elementales normas constitucionales. (El Universal)
