“Los servidores públicos deben ser facilitadores y no barreras”, resaltó José Rodulfo Vázquez Hernández, asesor de la Dirección de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación (Sedesoe), recordó que la exclusión contradice el artículo 1°constitucional.
Subrayó que “una persona con discapacidad es quien necesita de la intervención del Estado para poder ejercer sus derechos”, durante una capacitación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH).
Cifras
Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en 2020, reveló que el 7.2 % de los mexicanos vive con alguna discapacidad, pero casi la mitad (45 %) enfrenta discriminación en búsqueda de empleo.
“Existe el estigma de que son torpes o improductivos. Llevan una losa de desánimo desde que salen de casa”, declaró.
En servicios públicos, el 23 % reporta maltrato en ventanillas, mientras escuelas y hospitales carecen de accesibilidad real.
Política de Estado
El experto enfatizó que la atención ciudadana inclusiva implica recibir toda solicitud ,“sea quien venga, sin importar apariencia, religión o condición”.
Criticó la reducción de “grupos vulnerables” a adultos mayores o personas con discapacidad, recordando que en México “la única población no vulnerable son hombres de 18 a 63 años sin discapacidad o raíz indígena”. La mujer, señaló, “es vulnerable desde que nace hasta que muere solo por su género”.
Evolución del lenguaje
Vázquez Hernández destacó cómo el lenguaje evoluciona hacia el respeto, donde la discapacidad debe entenderse como “barreras que impiden vivir con la autonomía de quienes no las tienen”.
Ejemplificó la evolución del lenguaje con el término antes normalizado y ahora peyorativo “sordomudo”, hoy considerados ofensivos. “Las personas sordas no son mudas: hablan con las manos. Que nosotros no comprendamos su lenguaje no significa que no se comuniquen”, enfatizó.
