Justo cuando el Congreso de la Unión venía de una sucesión de votaciones exitosas en temas claves para la vida de México, en la que la construcción de mayorías o consensos había sido la norma y no la excepción, la tendencia se detiene con la elección de los tres consejeros del Instituto Federal Electoral, que se posterga para febrero. Esto deja en vilo esa parte de la vida institucional del país. La falta de consenso sobre los personajes a elegir es ciertamente importante, ya que de lo que se trata es de reconfigurar la autoridad electoral para hacerla de nuevo confiable para todos los actores políticos, lo que será vital para el reconocimiento de las elecciones federales futuras. Un IFE creíble y respetado es la meta.
Tampoco es buena senal que un grupo parlamentario minoritario reviente los tiempos ya establecidos por el propio Congreso de la Unión, con argumentos propios de la crispación y la polarización.
Ningún grupo legislativo tendrá todos los consejeros electorales que quiera, pero sí los que menos objeciones les representen; para eso es la negociación. Blandir subjetividades, vetar personas o bloquear por bloquear, como ha ocurrido, no es correcto.
La urgencia de cambiar escalonadamente a los consejeros del IFE fue del Congreso. Ahora no parece capaz de manejar con discrecionalidad un proceso institucional, que pretende superar una de las graves secuelas de la elección de 2006.
Los coordinadores parlamentarios de las tres principales bancadas representadas en la Cámara de Diputados, la líder Ruth Zavaleta y el coordinador del proceso, Diódoro Carrasco, avalaron la postergación de los nombramientos, aludiendo a la alta importancia de que esta decisión salga por consenso. Tienen razón, pero el problema constituye una profunda crisis política.
Es difícil pasar por alto que hubo senadores y diputados que se echaron atrás de acuerdos ya hechos a la luz de disensiones ya no nacionales o en el Congreso, sino dentro de su propio partido, para hacer detonar el proceso.
En adelante, la ciudadanía tiene que ver que de veras haya avance en las negociaciones.
El país no puede darse el lujo de condescender a caprichos o detener su marcha por quien quiere, en una negociación pluripartidista, ganar de todas todas. Eso es hacer disfuncional la labor legislativa.
No perdamos de vista que la ciudadanía tiene particular atención al trabajo de sus senadores y diputados federales, quienes, para una gran mayoría de los ciudadanos, son una élite cuyas canonjías y prebendas superan con mucho la de los mexicanos promedio de este país.
La productividad de los integrantes del Poder Legislativo se evalúa y percibe de un modo más estricto que la del resto de las instituciones nacionales, acaso igualada por la Presidencia.
No retrasemos la vida del país. No relajemos los avances democráticos en aras de disputas de coyuntura, y vayamos a fondo en los temas y debates, porque en materia política no hay vacaciones ni descansos que valgan. (El Universal).
