Las extorsiones, los homicidios dolosos y el robo de vehículos, fueron los principales delitos que generaron un impacto social en Chiapas; sin embargo, en dos meses de la administración estatal se han tenido resultados positivos y con incidencia a la baja de estas actividades ilícitas, destacó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.
2024, año complejo
Para el caso de homicidio doloso, en el 2024 se alcanzaron los números más altos de los que se tengan registro, llegando a cometerse dos casos por día, sin embargo, el despliegue de seguridad genero una reducción a 0.7 (menos de un homicidio doloso) por día.
En las ciudades principales (sobre todo en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, explicó el fiscal) las causas de este delito se vincularon a la disputa por la venta del narcomenudeo.
“Empezamos a hacer actos de investigación, a ubicar donde estaban estas tienditas y empezamos a catear, a detener, a desmantelar toda esa estructura”, remarcó Llaven Abarca.
Otros logros
El fiscal general destacó que en más de dos meses de trabajo se ha logrado una reducción de 71 % de los delitos. Para el caso del robo de vehículos, se ha puesto en marcha el programa llamado Carreteras Seguras, el trabajo ha sido exitoso en dos de los tramos con más incidencia (Tuxtla-Tonalá-Puente Chiapas) y las cifras actuales son positivas.
Es decir, a 73 días del gobierno actual no se tiene reporte de robos en las vialidades. A la par, las autoridades en materia de seguridad desplegaron operativos en diversas regiones y se han recuperado mil 202 vehículos.
“Es una cifra, la verdad, muy importante. Cuando nosotros llegamos al gobierno, antes del 8 de diciembre, eran de 4.1 vehículos robados por día”, resaltó el fiscal general.
Bloqueos carreteros
Sobre los ataques a las vías de comunicación, las autoridades de Chiapas también hicieron un despliegue para garantizar el libre tránsito de la población; incluso, para el caso de transportistas han podido regresar a circular para brindar el servicio a la ciudadanía.
La extorsión fue otro delito que impactó dentro de los sectores productivos, particularmente en ganaderos, gasolineros y personas que se encontraban al frente de grandes tiendas comerciales.
Para mantenerse vigentes, este gremio estaba pagando lo que coloquialmente se le conoce como derecho de piso, por eso es que algunos sectores tuvieron que cerrar ante la situación de violencia que estaban enfrentando.
Las estrategias del gobierno han derivado, hasta ahora, en la detención de mil 377 personas por la comisión de delitos del fuero común; y se han trabajado en 92 órdenes de cateos.