Después de casi tres meses y medio del conflicto magisterial y político en Oaxaca, la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueno (APPO) dispuso ayer terminar con el bloqueo de las dos principales carreteras del estado, la autopista al Distrito Federal y la que comunica al istmo de Tehuantepec, y quitar las barricadas de las calles de la capital, que habían ocasionado una onerosa parálisis económica y turística.
Las medidas son un signo de disposición al diálogo, iniciado ayer mismo con el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, y que continuará pasado manana, jueves 7, después de que se realicen consultas con los asambleístas sobre los temas de discusión.
La APPO prepara bandos sobre seguridad y limpieza, para contribuir al restablecimiento de la normalidad en Oaxaca, pero el gobierno local los desaprueba por estimar que son actos de autoridad que no competen a los civiles agrupados en la Asamblea.
Sin embargo, ante la evidente anarquía que ha prevalecido en esa ciudad durante los últimos ciento cinco días, la actitud de la APPO representa un gesto de tregua, al mismo tiempo que subraya su resistencia ante un gobernador que había optado por la imposición del orden antes que por los mecanismos de negociación.
Hay dos hechos positivos en este asunto. En primer lugar, el Gobierno federal asume su responsabilidad en el problema, que no podía seguir siendo considerado como local, ajeno al interés nacional. En seguida, que la materia en cuestión comienza a ser negociada civilizadamente, en una mesa de diálogo entre el encargado de la política interior y los ciudadanos ofendidos por la autoridad local.
Así, en Oaxaca se pone el fin al desorden y a las incomodidades contra la sociedad para hacer posible una confrontación política de reclamaciones y propuestas. Este ánimo tiene que ser bienvenido por quienes observan con preocupación con qué facilidad puede ser subvertida la convivencia pacífica.
Ante las agudas diferencias e injusticias que prevalecen en el país, los enfrentamientos son inevitables. El comportamiento civilizado y el oficio político tienen que proveer cauces para que las controversias fluyan sin choques indebidos hacia su conveniente solución. Eso es lo que estamos viendo ahora por lo que toca a Oaxaca, después de quince semanas de disturbios callejeros, incendios, bloqueos y, sobre todo, víctimas.
Por supuesto que los problemas que desembocaron en esta crisis son graves y complicados y su solución no es fácil, pero es mucho más difícil y costoso dejarlos sin resolver, menospreciarlos o pretender que se les atiende.
Precisemos. Los problemas no están constituidos solamente por lo que se ve, pues detrás de ellos suelen reposar intereses políticos o quizá, incluso, pretensiones desestabilizadoras, ciertas o simuladas, como se advierte con un poco de atención.
Pero el primero y más importante paso que se ha tomado para desactivar este problema ya está dado. Hay una mesa. (El Universal).
