Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez de la NOM 046 sobre aborto legal y víctimas de violación, con la que menores de edad pueden abortar sin permiso de sus padres. Esto ha polarizado posturas de sectores: por un lado las iglesias sostienen que la vida es sagrada y el aborto es un crimen; mientras que organismos sociales y feministas defienden su legalización y el derecho de la mujer a decidir por motivos de violación y salud.
La NOM 046 avala la interrupción legal del embarazo a niñas de 12 a 17 años de edad víctimas de violación sin la necesidad de un proceso judicial ni del consentimiento de sus padres; sin que en ese procedimiento el personal de salud que participe esté obligado a verificar lo dicho por la solicitante, con lo que se obliga a las instituciones a ofrecer dicha atención como parte del derecho de los infantes al disfrute del más alto nivel posible de salud.
Entrevistada al respecto, Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización “Por la Superación de la Mujer”, consideró que una menor de 12 o 17 años aún no tiene la capacidad jurídica para tomar este tipo de determinaciones, y en ese sentido tiene que protegérsele. Además de que es necesario cumplir con protocolos de semanas de gestación para no poner su vida en riesgo, como también atender las denuncias para que se dé la interrupción del embarazo, a fin de proteger a las niñas víctimas de violaciones e incluso sobre su propia vida.
Por su parte, Francisco Aranda Tinajero, dirigente de la Coces y del colectivo de niños “Escuadrón Mosquito”, señaló que ante la determinación de la SCJN no se puede ni se debería actuar a la ligera en pro de una libertad sobre la decisión de un aborto y poner en riesgo la salud. Es un tema delicado en el que se tendría que asegurar atención integral, de salud física y psicológica. Afirmó que como dirigente social está en desacuerdo con los abortos, ya que fomentan relaciones sexuales irresponsables.
La otra parte es la postura de las iglesias. Al respecto, Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, mostró su desaprobación no solo a la determinación de la SCJN -en este caso con menores-, sino al aborto en general. Dijo que no se puede atentar contra un ser viviente ni truncar una vida, a pesar de lo difícil que es comprender lo que vivió una mujer violada.
Refirió que como padres de las menores hay una responsabilidad que debería fundamentarse desde la educación y los valores. Finalmente dijo que una menor es responsabilidad de los padres que deben procurar cuidado, y en este caso estar al pendiente de ella y de la nueva criatura.
Por su parte, la joven estudiante Andrea Ortiz refirió que el respeto a la decisión de las mujeres está consagrado en las leyes, las víctimas de un aborto tienen el derecho a decidir sobre su presente y su futuro, y con mayor razón cuando hay embarazos productos de violaciones, se ponga en riesgo la salud de la mujer o cuando haya un diagnóstico prenatal que muestre malformaciones en el feto.
