Testigos falsos, pruebas insuficientes o inventadas, fabricación de la escena del crimen y olvido de la presunción de inocencia ejemplifican la sistemática violación al debido proceso legal. Aun cuando no se compruebe que las autoridades incurran en estas prácticas, los ciudadanos sospechamos de ellas. Nuestro sistema de justicia, pues, carece de eficacia y de credibilidad, situación de la que están conscientes los propios ministros de la Corte.
Durante los 80 y la primera mitad de los 90, los mexicanos aprendimos de economía. A golpe de crisis, conceptos como déficit, inflación o deuda entraron al espacio público y a nuestra vida diaria. De ese aprendizaje surgieron la autonomía del Banco de México y el compromiso del Ejecutivo federal por moderar su endeudamiento.
Luego cursamos la materia electoral. Conocimos de mecanismos contra el fraude, de equidad en la contienda y de transparencia en el financiamiento a los partidos. De ello nacieron el IFE autónomo, el Tribunal Electoral y autoridades locales para asegurar que los votos contaran y se contasen bien.
Ahora tomamos la asignatura de justicia. Hablamos de delitos, investigaciones, delincuentes, jueces. También de violaciones a las garantías individuales y al proceso penal.
Todavía es temprano para saber si de esta difícil experiencia saldrán un MP autónomo, jueces democráticos, una policía profesional o un Ejército que no intervenga en asuntos de seguridad pública. El aprendizaje social en este rubro está echado a andar, pero siguen pendientes la creación y la consolidación de instituciones al servicio del ciudadano.
Casos como los de Acteal, Atenco, la banda de La Flor, Jacinta Francisco Marcial o Florence Cassez ilustran la impericia con la que trabaja nuestro sistema judicial, y urgen a construir uno eficaz y confiable. Hace falta pasar de la conciencia de los hechos a su transformación puntual y definitiva.
