La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, informó que en lo que va de este 2020 se han documentado por parte del órgano local un promedio de 120 denuncias en contra de servidores públicos que están haciendo promoción de su imagen personalizada, en vísperas de las elecciones que se realizarán en el 2021.
Entrevistada sobre el tema, comentó que este miércoles sesionará el Pleno del Consejo General para someter a consideración dos resoluciones por irregularidades detectadas en los alcaldes de Venustiano Carranza y Yajalón.
Vila Domínguez recordó que antes de iniciar el confinamiento social (consecuencia de la pandemia del Covid-19) apenas tenían 30 denuncias, sin embargo, algunos políticos aprovecharon la contingencia sanitaria para regalar insumos en donde colocaron logotipos, frases o rostros para promocionar la imagen de un servidor público en particular.
“Muchos funcionarios públicos, principalmente, a nivel municipal, empezaron a repartir a las personas que menos tienen, lo malo es que dentro de las bolsas y empaques va el nombre, cargo, foto de determinado servidor o servidora pública, y eso es lo que no se vale”, remarcó.
La consejera electoral del IEPC lamentó que algunos políticos busquen lucrar con la necesidad de las personas, sabiendo que esas conductas están prohibidas por ley y pueden ser sujetos de sanciones.
Desde el mes de abril (cuando la pandemia comenzó a crecer en Chiapas), el Consejo General del IEPC autorizó a la Comisión de Quejas y Denuncias para que determinara si se iniciaban o no los procesos sancionadores en contra de aquellos que estaban haciendo proselitismo disfrazado de ayuda social.
“A raíz de ello, la estadística se nos elevó como 40 asuntos más desde que empezamos a ver las denuncias ciudadanas; que estaban repartiendo -los políticos- despensas, publicitando su nombre y su image”, explicó.
Vila Domínguez añadió que en el mes de octubre recibieron otras 40 denuncias de otros funcionarios que están destacando sus logros o que buscan ensalzar los trabajos de una persona en particular, acción prohibida en la ley.
En su opinión, estas irregularidades ocurren porque el IEPC -finalmente- no tiene facultades para sancionar a los servidores públicos, salvo cuando exista mal uso en los programas sociales pero no hay ningún caso en las investigaciones que en este momento realizan.
