El Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, se pronunció ante la creciente macropolítica gestada por los Estados de la región, que instrumentaliza la detención migratoria para castigar y romper la voluntad de las personas migrantes, disuadirles de ejercer sus derechos y desistir de sus proyectos migratorios y/o de vida.
La organización ha sido testigo de cómo a través de acuerdos bilaterales, por presiones diplomáticas, económicas y arancelarias, México y diversos países de Centro y Sudamérica han tenido que acatar las políticas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
Para ejemplificarlo, el 21 de enero del 2025, el presidente Donald Trump, a tan solo unas horas de su toma de posesión, firmó una avalancha de órdenes ejecutivas, en las que determinó como emergencia nacional la situación en la frontera y la migración, además selló sus fronteras con militares y declaró a los grupos pandilleros y personas pertenecientes al crimen organizado como terroristas.
Por lo anterior, las leyes antimigratorias y antiderechos no han cesado; se habilitó la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención a personas migrantes considerados “delincuentes de alta prioridad”. El 4 de febrero fue trasladado el primer grupo sin que hasta la fecha se sepa quiénes son las personas detenidas en ese lugar.
El Salvador
Se le suma el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Pese a la batalla legal que existe en EE.UU. al respecto de estas deportaciones han sido trasladados y detenidos diversos grupos. El primero fue mediáticamente expuesto: esposados, rapados y encerrados sin contacto con el exterior ni acceso a representación legal, sin que sus familias fueran notificadas y muchas se enteraron por los medios de comunicación.
Además, Estados Unidos ha financiado programas y acuerdos con otros países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá para detener la migración.
Graves violaciones
Para el Centro el panorama no es distinto en México, en vista de que las personas en contexto de movilidad continúan sufriendo graves violaciones a los derechos humanos en detención migratoria.
“A pesar de los intentos del Estado por maquillar su naturaleza carcelaria bajo eufemismos como “albergues” o “espacios de alojamiento”. Estos centros siguen operando bajo una arquitectura de control punitivo que en este momento pasa desapercibida al ojo público”, expuso.
