Sergio Morales, activista defensor de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ, informó que durante 2019 se registraron dos suicidios de jóvenes en Tuxtla Gutiérrez debido al rechazo y discriminación por su preferencia sexual, los cuales fueron confirmados por sus cartas post-mortem.
El activista mencionó que según investigaciones de la Universidad de California, una persona que es rechazada por su familia y la sociedad, debido su disidencia sexual, tiene tres veces más de posibilidades de consumir alcohol o drogas y siete veces más en caer en depresión.
Morales detalló que estos dos suicidios se registraron en las colonias de Patria Nueva y Las Granjas, donde en ambos casos las personas dejaron una carta post-mortem en la que explicaban el motivo de la decisión.
Ante ello, mencionó que el rechazo homofóbico es una situación que también se puede reflejar en sitios de trabajo, lugares de conciencia y la sociedad en general.
El activista mencionó que las marchas del 17 de mayo (Día Contra la Homofobia, Transforma y Bifobia) y 28 de junio (Día del Orgullo Gay) son espacios en los que se da visibilidad a la comunidad y tienen la intención de desmitificar y quitar prejuicios acerca de la comunidad Lesbia, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).
“Las movilizaciones nos recuerdan hechos de lucha y trágicos para la propia comunidad, pero es importante crear la conciencia de cómo tratar a una persona homosexual o trans, esto es sin prejuicio (…) La ley va en evolución, por lo que la sociedad también debe hacerlo”, explicó.
Matrimonio igualitario
Un tema que ha quedado pendiente en Chiapas para este sector de la población, es lo que tiene que ver con las leyes que permitan los matrimonios igualitarios.
Sobre este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Congreso de Chiapas a promover una armonización normativa que garantice el matrimonio igualitario.
En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de votos de los magistrados, la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos del Código Civil del Estado de Chiapas que impiden todavía el matrimonio igualitario en la entidad.
Los artículos que fueron declarados inconstitucionales fueron el 144 y 145 del Código Civil de Chiapas en el que se señala que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, con la acción de inconstitucionalidad eso queda invalidado y personas del mismo sexo podrán casarse y tener los mismos derechos que una pareja heterosexual al contraer nupcias.
La acción de inconstitucionalidad 32/2016 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a petición de la asociación civil Unidos Diferentes.
En ese momento, Chiapas fue el tercer estado en donde la SCJN interviene para que los poderes de gobierno locales hagan valer el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de contraer matrimonio con quien lo desean.
Sin embargo, el Congreso Local no ha actualizado ni armonizado la ley estatal para garantizar dicho derecho, por tanto la CNDH hizo este llamado en el marco del cumplimiento de los 10 años de los primeros matrimonios igualitarios colectivos en la Ciudad de México.
Al día de hoy, además de la Ciudad de México, las entidades federativas que garantizan el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de sus códigos civiles o familiares son: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Además, a través de las Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas por el Organismo Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la invalidez de las porciones normativas que únicamente garantizaban este derecho a parejas heterosexuales, teniendo como una de sus finalidades la procreación, en entidades como Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Cabe destacar que, en algunos municipios del país y a través de acuerdos administrativos, se ha reconocido este derecho.
El Organismo Nacional mencionó que es una realidad que atenta contra la dignidad de muchas personas, ya que tienen que realizar erogaciones económicas innecesarias para poder ejercer su derecho al matrimonio, erogaciones que no se imponen a personas heterosexuales. Por ello, advierte que la voluntad que reflejen las personas legisladoras abrirá la puerta para garantizar los derechos derivados del matrimonio.
