El ecocidio que se comete en la Reserva Ecológica de Quemvó Cuxtitali (ubicada en San Cristóbal de Las Casas) desde hace nueve años, está generando un impacto ambiental al poner en riesgo un manantial que suministra agua a un promedio de siete mil personas, dijo Saúl Pedro Martínez Gómez, representante de calle a través del Sistema de Agua Chupactic.
Entrevistado sobre el tema, recordó que, a pesar de la importancia de un sitio de 22.13 hectáreas, las últimas tres administraciones municipales han sido omisas para solucionar este problema en una ciudad que enfrenta complicaciones con la distribución del vital líquido.
Lo que no entienden las instituciones, remarcó, es que dentro de la reserva están las cuevas de Quemvó, de las cuales brota agua que metros después forma el río Amarillo, un afluente que atraviesa toda la cabecera municipal y que ahora también presenta altos niveles de contaminación. La reserva ecológica cuenta con el decreto 516 que fue emitido por el Congreso de Chiapas durante el 2014.
De los aspectos positivos y hasta históricos, enfatizó, es que en el mes de junio un juez federal concedió a la comunidad un amparo que, entre otras cosas, pide a todas las autoridades involucradas en el tema ambiental que realicen acciones que permitan detener las invasiones.
Antes de obtener un amparo favorable, Martínez Gómez explicó que en los últimos años la comunidad realizó varias gestiones ante los tres niveles de gobierno; incluso ha participado en infinidad de reuniones de trabajo y ha protestado de manera pública, sin embargo, lo único que recibió fue amenazas y agresiones de quienes promueven acciones ilícitas.
La resolución ordenada por el juez, explicó, es una medida preventiva y cautelar para que las autoridades ahora promuevan las acciones necesarias para la conservación y preservación del área natural; tendrán un tiempo establecido para que informen en qué medida cumplieron las resoluciones.
La ventaja del resolutivo federal, puntualizó Martínez Gómez, es que si los sujetos obligados no hacen caso de sus obligaciones podrían ser acreedores a multas económicas, y en los casos más graves habría la posibilidad de que algunos funcionarios sean removidos por desacato.
Finalmente, se informó que si notan que no hay avances en la preservación de la reserva, los comuneros comenzarán una nueva jornada de lucha tanto en San Cristóbal de Las Casas como en Tuxtla Gutiérrez, debido a que se tiene que garantizar el derecho al suministro de agua para mil 300 familias.
