Hace más de tres años, cuando el presidente Felipe Calderón anunció que iniciaría una guerra contra el crimen organizado, dijo además que la estrategia sería integral con el objeto de rescatar también a las sociedades envueltas en su zona de influencia. El plan original del Ejecutivo, al menos en las palabras, significaba acompañar todo el proceso con políticas sociales, reconfigurar a las policías del país, reconstruir a las procuradurías y, en particular, brindar alternativas a los jóvenes. En este contexto, el cambio de estrategia que se anunció para Ciudad Juárez, más bien retoma lo que se prometió antes y no se hizo.
Prueba es la situación que hoy se vive en las zonas rurales mexicanas donde campesinos y narcos conviven cotidianamente imbricados en un mismo negocio.
En México, 25 por ciento de la población habita en zonas rurales y sólo tiene acceso al 6 por ciento de la riqueza del país. Se trata de la geografía más pobre y desigual. En semejantes circunstancias la penetración del crimen organizado es más factible. El presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos Gálvez, así lo confirma: de acuerdo con sus cifras, 30 por ciento de los terrenos del campo mexicano combinan cultivos legales con plantíos de marihuana y amapola. El argumento refuerza a uno previo del general Galván Galván, secretario de la Defensa, quien contabiliza a más de medio millón de mexicanos vinculado a las redes mafiosas.
Para un negocio que recaba anualmente entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, pagar a campesinos pobres lo que no ganan con la siembra común resulta muy rentable. øQué pasaría si de la noche a la mañana se erradicara este inmenso sector de la economíaú øCuántos mexicanos dejarían de recibir ingresos que por otro lado sólo podrían obtener de la migración o la ilegalidadú Este pedazo de la economía mexicana aporta tantos ingresos como el turismo y poco menos que el petróleo.
Quizá de todo lo relacionado con el narcotráfico, después de las muertes que la guerra ha provocado, este sea el otro tema más alarmante: la adicción a la droga que nuestra economía ha alcanzado. Si se desea acabar con este lastre, se requiere responder en varias dimensiones, es decir, integralmente.
Factores sociales como los descritos anteriormente, deben considerarse antes de usar únicamente la fuerza. Claro que son necesarios los policías, los militares, los abogados, pero no menos que los demógrafos, los sociólogos, los agrónomos, los antropólogos, los psicólogos y otros profesionales que pueden ofrecer soluciones más amplias frente a las actuales circunstancias. (El Universal)
